El término escrache como medida de protesta se acuñó en Argentina para denunciar la impunidad de los genocidas de la dictadura de Jorge Rafael Videla liberados por el indulto concedido por el presidente Carlos Ménem en 1995. Recientemente se popularizó en España por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que vivió su capítulo más polémico en la concentración ante la vivienda particular del diputado del PP Esteban González Pons en plena negociación de la ley para regular los desahucios. Pero el primer escrache como tal no se produjo en Buenos Aires ni en España en 2013, sino que fue en la Valencia de 1972, según revela el periódico mensual «La Marea» en su número de enero de 2014.
El periódico «Verdad», órgano del Comité Provincial de Valencia del Partido Comunista de España, publicó en su contraportada de enero del 72 el nombre y los domicilios de los miembros de la Brigada Político Social de Valencia para que fueran acosados públicamente y se les persiguiera.
«Llamamos desde aquí a todos los valencianos para que allí donde se encuentren estos torturadores se les denuncie, se les escriban cartas, se les llame por teléfono contínuamente, se les haga la vida imposible en todos los sentidos, en fin, que se les impida convivir con el resto del mundo», apuntaba el periódico clandestino.
Como refleja el diccionario de americanismos y la Fundéu de BBVA: «Manifestación popular de denuncia contra una persona pública a la que se acusa de haber cometido delitos graves o actos de corrupción y que en general se realiza frente a su domicilio o en algún otro lugar público al que deba concurrir la persona denunciada».
La Brigada Político y Social de Valencia, como ha revelado el Foro de Investigación para los Represaliados o Rosalía Sender en sus memorias «Nos quitaron la miel», editado por la Universitat de València, se ensañó con decenas de militantes antifranquistas durante los años sesenta y principios de los setenta a quienes torturaron brutalmente para obtener información o por el mero hecho de ser sindicalistas o comunistas.
Torturado hasta la confesión
El ya fallecido dirigente comunista Antonio Palomares contó con pelos y señales la tortura a la que fue sometido cuando fue detenido por la brigada de la policía de Valencia, que le obligó a confesar que era dirigente del Partido Comunista. Palomares y otros represaliados de la época denunciaron estas prácticas y consiguieron que la denuncia de tortura sirviera para que les dejasen en libertad sin cargos y que se sancionara administrativamente a nueve miembros de la brigada en la ciudad. Algunos de ellos fueron trasladados, incluso, a otras zonas de Valencia, explican en el reportaje de «La Marea».
La acción de los abogados y la presión de la calle, como los escraches impulsados en «Verdad», fueron fracturando la cáscara del régimen del dictador Franco hasta su caída tras su muerte.
