07 de enero de 2014
07.01.2014
Juicio caso Cooperación

La defensa aduce que Blasco ha sufrido "acusaciones sorpresivas"

El abogado del exconseller alega vulneración de derechos y pide unificar las dos causas por seguridad jurídica

07.01.2014 | 16:25
La defensa aduce que Blasco ha sufrido "acusaciones sorpresivas"

Javier Boix, abogado del exconseller de Solidaridad y Ciudadanía, exsíndic del PP y actual parlamentario de No Adscritos en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, ha planteado dos cuestiones previas a la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que juzga a su cliente en la pieza relativa a las ayudas a la Fundación Cyes dentro del 'caso Cooperación', en las que alega vulneración de derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva de su cliente y plantea la vuelta a instrucción para unificar las dos piezas en las que se dividió la causa --ésta y la que aún se encuentra en investigación-- por seguridad jurídica.

Así lo ha expuesto en la primera sesión del juicio contra Blasco y otros ocho acusados por presuntas irregularidades en las ayudas concedidas a la Fundación Cyes para dos proyectos en Nicaragua, que se ha iniciado con dos días de cuestiones previas, y sobre las que ha pedido a la sala que resuelva antes de comenzar la vista propiamente dicha.

El letrado --que ha aportado además dos pruebas documentales-- ha alegado que su cliente ha sufrido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías ya que se le juzga por delitos relacionados a una falsedad documental por los que no había sido inicialmente imputado y sobre los que nunca declaró en la fase de instrucción.

De esta manera, ha sostenido que no ha tenido ocasión de defenderse sobre "imputaciones falsarias" por lo que ha reclamado a la sala que se estime vulnerado el derecho de Blasco "a no ser objeto de acusaciones sorpresivas" de las que no se pudo defender durante la instrucción y por las que nunca fue imputado.

De acuerdo con el letrado, estas acusaciones sobre falsedad documental surgieron a raíz de declaraciones prestadas en marzo de 2013 tras la documentación presentada por la Abogacía de la Generalitat ante Fiscalía sobre la legalidad de las ayudas concedidas a la Fundación, momento en que el ministerio público vio la posibilidad de formular la nueva imputación por hechos no atribuidos inicialmente.

En esta línea, ha alegado que ni en el auto por el que el juzgado de instrucción inicial remitió el caso al TSJCV ni en el de aceptación de asunción de competencias existe nada sobre estos hechos nuevos por los que Blasco no fue preguntado. Por ello, sostiene que la petición de imputación por este delito por parte de la Fiscalía sobrevino dos años después de "supuesta investigación secreta y bastantes meses de instrucción" y ha sostenido que el ministerio público debería haber solicitado entonces la ampliación de acusación a Blasco.

Asimismo, el letrado ha pedido a la sala que acuerde la retroacción de las actuaciones a la instrucción para que se unan las dos piezas en las que finalmente quedó separada la causa por "seguridad jurídica" ya que considera que en este caso se podría llegar a tener "dos sentencias contradictorias" o bien que una resolución judicial en esta causa condicione el fallo de la otra, algo que sería "inadmisible", cuando existe un mismo "elemento nuclear acusatorio".

El abogado de Tauroni pide la nulidad
Por su parte, el abogado de Tauroni -único imputado en prisión- ha pedido la nulidad del procedimiento instructor por considerar que se ha vulnerado "el principio de imparcialidad objetiva" por parte de la jueza instructora en el TSJCV, Pía Calderón.

Gómez ha señalado que la instrucción realizada por la magistrada tendía a dar "pábulo y cobijo a las tesis de las acusaciones", y ha reclamado también la nulidad de las intervenciones y escuchas telefónicas por haber sido, entre otras cosas, "prospectivas", al igual que los registros domiciliarios.

Los abogados de Alejandro Català y Josep Maria Felip, ex altos cargos de la Conselleria de Solidaridad, han coincidido en pedir que se prohíba a la Abogacía de la Generalitat valenciana seguir ejerciendo la acusación particular en este caso porque anteriormente les había defendido en la misma causa.

El letrado de Català ha destacado que la ley prohíbe acusar a quien se ha defendido previamente, y ha denunciado que hubo un cambio de actitud repentino por parte de la Generalitat y que el president, Alberto Fabra, "menoscabó la credibilidad y la presunción de inocencia" de ambos ex altos cargos.

Ha criticado que Fabra hizo "unas declaraciones durísimas" el mismo día en que ambos fueron destituidos y ha señalado que se les "criminalizó ante la sociedad", cuando había un informe de la Abogacía que decía que "todo era correcto" y que "se ocultó" y cuando previamente se les había defendido.

Por ello, ha considerado que de mantenerse la Abogacía de la Generalitat como acusación particular se daría continuidad a una "conducta infractora" e "ilegal" y ha pedido que se retire la acusación contra Alejandro Català.

En la misma línea se ha manifestado el abogado de Felip, para quien es "inviable" que alguien que ha tenido conocimiento de unos hechos y acceso a unos documentos como letrado de una parte "cambie de banqueta y donde ha estado defendiendo, ahora sea acusación".

El juicio se retomará mañana con la segunda jornada dedicada a cuestiones previas, mientras que el jueves está previsto que declare Blasco.

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