Los abogados del caso Blasco intentan apartar a la Abogacía de la Generalitat Valenciana del juicio contra el exconseller de Solidaridad, que ha arrancado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. La sala ha reservado las sesiones de hoy y mañana para las cuestiones previas. Los letrados de los procesados mantienen que la Generalitat no está legitimada para ejercer la acusación porque en un primer momento actuó como defensa, según indican fuentes jurídicas. El letrado de la Generalitat pide que el exconseller Blasco sea condenado a 11 años y 6 meses de cárcel y a 31 años de inhabilitación absoluta. La Abogacía también reclama penas de entre 11 y 4 años de cárcel para otros seis altos cargos de la Conselleria de Solidaridad acusados de favorecer la malversación de fondos públicos y ocultar pruebas.

El juicio es por la primera pieza del caso Cooperacíón también conocido como caso Blasco. La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat piden que nueve procesados sean condenados por el supuesto desvío de fondos públicos de ayuda a Nicaragua que terminaron en la compra de pisos en Valencia a nombre de la Fundación Cyes (entidad que no tiene nada que ver con la constructora del mismo nombre). Las dos subvenciones eran de 1,6 millones de euros, pero solo llegaron 43.000 euros al país centroamericano. La Fiscalía mantiene que Augusto César Tauroni, empresario encarcelado y supuestamente amigo de Blasco, logró una comisión del 25% de la subvención gracias a su relación con el exconseller. El fiscal reclama 14 años de cárcel para Blasco.

Los nueve procesados que se sientan en el banquillo son el exconseller Blasco, el empresario Tauroni, el ex subsecretario de la Conselleria de Solidaridad Alexandre Catalá, el ex director general Josep Maria Felip, el ex jefe de área de Solidaridad Marc Llinares, la ex secretaria de Cooperación Tina Sanjuán, Marcial López (presidente de la Fundación Cyes), y la pareja de Marcial López y trabajadora de la fundación, Josefa Cervera.

La vista oral contra los nueve procesados ha empezado con las peticiones de nulidad de los letrados defensores y los intentos de recusar a los testigos y peritos de las acusaciones. Fuentes próximas al caso incidieron ayer en que la Generalitat Valenciana no está legitimada para ejercer la acusación «porque al principio actuó como defensa. Esta doble condición genera la indefensión de los acusados».