El juicio contra el exconseller Rafael Blascojuicio contra el exconseller Rafael Blasco, el empresario encarcelado Augusto César Tauroni y los otros siete procesados por el desvío de fondos de cooperación para la compra de cuatro inmuebles en Valencia empezará este martes en el Tribunal Superior de Justicia tras más de dos años de pesquisas. Los dos primeros días de juicio van a ser exclusivamente para cuestiones previas por lo que la vista arrancará de verdad el jueves con la declaración de Blasco, que podría durar unas cinco horas. La primera semana de juicio la cerrará el viernes Tauroni.
La fiscalía y la Abogacía de la Generalitat coinciden en que el supuesto urdidor del fraude es el exconseller y exportavoz del PP en las Corts. El fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, pide que Blasco sea condenado a catorce años de cárcel y que el empresario encarcelado cumpla once años por beneficiarse de las ayudas. Torres sostiene que Rafael Blasco «era amigo personal en el momento de cometerse los hechos delictivos» de Augusto César Tauroni porque había sido socio de su hermano. A raíz de esa relación, supuestamente le informó de las subvenciones, ordenó que se las concediesen a la Fundación Cyes y presionó para que se manipularan las pruebas.
Las acusaciones mantienen que Tauroni contactó con el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, para proponerle que se presentara a las convocatorias para dos proyectos en Nicaragua por 1,6 millones de euros a cambio de obtener una comisión del 25 % que supuestamente se disfrazó con servicios que no fueron prestados. Según la fiscalía, Tauroni y Marcial López se reunieron varias veces con personal de la Conselleria de Solidaridad para «asesorarse sobre la documentación a presentar gracias a la intervención o a la mediación del conseller Blasco».
Los técnicos de la comisión evaluadora de las ayudas rechazaron inicialmente la propuesta de Cyes. Sin embargo, Blasco supuestamente ordenó que se pidiera una evaluación externa para de forma fraudulenta justificar que sí cumplían los requisitos. El principal problema para lograr la subvención era que la Fundación Cyes carecía de experiencia en cooperación internacional. Una vez salvados los escollos legales, Blasco pudo dictar una resolución el 22 de agosto de 2008 mediante la que se concedió a la Fundación Cyes dos subvenciones por valor de 833.409 euros. Según la Fiscalía Anticorrupción, Tauroni recibió el 25 % de su parte (416.702 euros) el mismo día que la conselleria ingresó el dinero.
El proyecto de Nicaragua consistió en la construcción de pozos de agua. Las pesquisas han revelado que Tauroni no realizó ninguno de los trabajos por los que recibió el dinero ya que ni disponía de trabajadores ni envió a ningún ingeniero ni topógrafo a Nicaragua.
La Fundación Cyes „que no tiene nada que ver con la constructora del mismo nombre„ supuestamente se gastó 869.875 euros de la ayuda de Nicaragua en adquirir dos pisos, un entresuelo y un garaje en Valencia. «Únicamente se transfirió a Nicaragua 43.000 euros. Es decir, solo el 2,5 % del total de las dos subvenciones llegó al país de destino, siendo este hecho conocido por los acusados Rafael Blasco, Agustina Sanjuán (la ex secretaria general de cooperación) y Marc Llinares (ex jefe del área de Solidaridad)». El fiscal está convencido de que los propios funcionarios de la conselleria advirtieron a los altos cargos acusados de las irregularidades. La respuesta supuestamente fue tratar de taparlo manipulando las pruebas para que no salieran a la luz las irregularidades.
6 de octubre de 2010
El escándalo de la compra de pisos saltó el 6 de octubre de 2010. Las acusaciones apuntan que en ese momento Blasco ordenó a Agustina Sanjuán y a su ex jefe de gabinete, Xavier Llopis, que guardaran los expedientes. Blasco supuestamente instó a los altos cargos de la conselleria procesados a que manipularan pruebas para que quedaran excluidas las facturas que acreditaban que Cyes había pagado los inmuebles con los fondos de Nicaragua. Después pusieron la fecha del 8 de julio de 2010 a pesar de que era octubre. En ese documento se incidió en que los inmuebles no se habían adquirido con cargo a las subvenciones cuando en los expedientes constaba exactamente lo contrario.
Rafael Blasco presuntamente ordenó a Xavier Llopis que elaborara un dossier para la fiscalía y la Sindicatura de Comptes para acreditar de «modo mendaz» la legalidad de las subvenciones. El documento fue remitido a instancias de Blasco a pesar de que, según el fiscal, sabía que los justificantes se habían manipulado. La fiscalía descubrió el engaño por casualidad cuando cotejó el informe auténtico y el manipulado.
Las acusaciones entienden que Blasco pudo haber cometido cuatro delitos por firmar la subvención «a sabiendas de su injusticia ante el incumplimiento de los requisitos», por ordenar la elaboración de un informe manipulado para la fiscalía y por no revocar las subvenciones a pesar de las recomendaciones que le hizo el síndic de greuges.
La fase de prueba del juicio está previsto que termine el 7 de marzo con la declaración del interventor general del Estado Joaquín Falomir. El interventor desmontó la coartada de Blasco cuando estalló el escándalo. El exconseller reconoció en su día que la Fundación Cyes había comprado los pisos, pero aseguró que lo había hecho con su propio dinero. Sin embargo, Falomir advirtió en su informe de que la Fundación Cyes no tenía capacidad financiera para comprar los pisos. La vista terminará el 13 de marzo con los informes de las defensas.
