El abogado del exconseller Rafael Blasco, Javier Boix, trató ayer de suspender el juicio abierto contra el exdirigente popular y otros ocho procesados por el supuesto desvío de fondos públicos para proyectos de cooperación en Nicaragua que acabaron en la compra de cuatro inmuebles en Valencia a nombre de la Fundación Cyes. Boix alegó que "se han vulnerado los derechos fundamentales" del exconseller porque no se ha podido defender durante la fase de instrucción de uno de los cuatro delitos por los que está acusado y exigió que se unan las dos piezas en las que la juez instructora dividió el año pasado el caso Blasco. Boix insistió en que la clave es que Blasco no es amigo de Agusto César Tauroni, el empresario encarcelado desde hace dos años por supuestamente beneficiarse de las ayudas. El abogado de Tauroni reclamó minutos después que se anulen las escuchas y los mensajes electrónicos que presuntamente acreditan esa relación de amistad.
El juicio contra los nueve procesados por la pieza de Cyes arrancó a las 10.02 horas en el Palacio de Justicia de Valencia y si no prosperan las peticiones de nulidad de Blasco y del resto de imputados terminará el 13 de marzo. La sala tiene que pronunciarse hoy sobre las solicitudes de nulidad y, en principio, Blasco declará mañana. El letrado del exconseller, que se enfrenta a catorce años de prisión por cuatro delitos, alegó que la Generalitat no puede actuar como acusación porque comenzó como defensa. Javier Boix aportó varias sentencias en las que la Abogacía de la Generalitat representó los intereses de Blasco al principio del caso cuando trató de que varios medios de comunicación rectificaran informaciones.
Blasco está acusado en esta pieza de tráfico de influencias, delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad documental. El letrado de Blasco también pidió que se retire la acusación del delito de falsedad documental porque, según él, no se ha podido defender durante la fase de instrucción. El delito de falsedad documental es por el supuesto envío a la Fiscalía de los dos expedientes bajo sospecha falsificados para desmontar la acusación. "El ciudadano tiene derecho a no sentarse en el banquillo por unos hechos por los que no ha sido imputado", insistió Boix.
El letrado de Blasco incidió en que hay que suspender el juicio para volver a unir las dos piezas, pretensión que ya ha denegado en otra ocasiones el TSJ. Boix sostuvo que no es cierta la relación de amistad entre Tauroni y Blasco y que la Fiscalía ha fracasado en su intento de acreditar que tenían cuentas y negocios juntos. Javier Boix destacó que en las dos piezas -que las defensas no quieren que se juzguen por separado para evitar dobles condenas- "los hechos son los mismos, ocurren en la misma conselleria y con los mismos imputados. La acusación parte de que (Blasco y Tauroni) son amigos y si la segunda pieza llega a juicio ya se conocerán las armas de las defensas".
Imparcialidad de la juez
El abogado de Tauroni, José Vicente Gómez Tejedor, pidió la nulidad de todas las actuaciones desde que la causa llegó al TSJ. El letrado cuestionó la imparcialidad de la magistrada instructora Pía Calderón y puso como ejemplo que en los interrogatorios de los testigos en Estados supuestamente condicionó las respuestas con las preguntas. Gómez Tejedor reclamó la nulidad de las escuchas al alegar que el juzgado incurrió en defectos de forma y denunció que no se ha controlado como se ha tenido acceso a los correos electrónicos que propiciaron la denuncia.
Fuentes próximas a los acusados se mostraron convencidas de que la sala va a rechazar todas las pretensiones, aunque confían en que se aparte a la Generalitat de la acusación.
