La sala del TSJ que juzga al exconseller Rafael Blasco y a otros ocho procesados por el desvío de fondos de Cooperación decidió ayer mantener a la Abogacía de la Generalitat como acusación. Los magistrados también rechazaron suspender la vista oral para volver a unir las dos piezas del caso Blasco como pretendía el exconseller. Los tres magistrados que juzgan el caso tardaron menos de diez minutos en tomar la decisión tras escuchar durante dos días los argumentos de los abogados defensores que han tratado sin éxito de paralizar la vista. La presidenta de la sala, Pilar de la Oliva, apuntó que justificarán su decisión en la sentencia porque «no afecta a la continuación del procedimiento». El juicio continúa hoy a partir de las 9.30 horas con la declaración de Blasco. La Coordinadora Valenciana de ONGD ha convocado a las 9.00 horas una protesta en el TSJ.

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Las acusaciones eran conscientes de que ayer era un día crítico por los intentos de las defensas de torpedear la vista, pero lograron salvar la situación. Las defensas solicitaban la nulidad de las actuaciones por la división del procedimiento en dos piezas, la personación de la Generalitat como acusación cuando ya había actuado activamente como defensa de al menos uno de los altos cargos de la conselleria imputados y porque mantenían que varios acusados entre ellos Blasco no se habían podido defender durante la fase de instrucción de uno de los delitos (la falsificación de los expedientes bajo sospecha para desmontar la acusación).

El juicio arrancó ayer con la oposición del fiscal de unir las dos piezas y que el caso vuelva a la fase de instrucción. El fiscal Vicente Torres recordó que la magistrada instructora decidió en noviembre de 2012 dividir la causa en dos piezas para agilizar el procedimiento. La primera que es la que se está juzgando ahora es por las subvenciones concedidas desde la conselleria de Blasco en 2008 y la otra por las de los años 2009, 2010 y 2011. Torres subrayó que los hechos del juicio son diferentes a los de la segunda.

En la primera pieza se juzga el supuesto desvío de 1,6 millones de euros de fondos públicos para proyectos de cooperación en Nicaragua que acabaron en la compra de cuatro inmuebles en Valencia a nombre de la Fundación Cyes. El fiscal precisó que en la segunda se analiza el desvío de fondos de la conselleria a través de una fundación controlada por el empresario encarcelado Augusto César Tauroni. Los argumentos del fiscal convencieron a la sala.

Los magistrados también consideran que el Consell está legitimado para ejercer la acusación particular a pesar de que el día de los arrestos (el 23 de febrero de 2012) la Abogacía de la Generalitat asistió como defensa en el interrogatorio al ex subsecretario de Solidaridad Alexandre Català. La abogada de la Generalitat insistió en que la Abogacía no ha violado el secreto profesional y que el letrado que le asistió en el juzgado solo hizo una pregunta técnica. La Abogacía de la Generalitat, que pide 10 años de cárcel a Català, asegura que en aquel momento el alto cargo dijo que «su actuación fue legal y que no sabía por qué lo citaban como imputado».

La Fiscalía y la Abogacía incidieron en que los acusados se han podido defender de todos los delitos y la sala acordó que continúe la acusación por la falsedad documental que cuestionaba Blasco. La consecuencia es que Blasco va a ser juzgado por los cuatro delitos por los que fue procesado.