17 de enero de 2014
17.01.2014

Un alto cargo de Blasco asegura que firmaba las facturas de la Fundación Cyes sin verlas

Felip y Català se niegan a responder al fiscal, protegen al exconseller y responsabilizan a los técnicos al actuar por el «principio de confianza»

17.01.2014 | 13:03

Los dos altos cargos de Blasco en la Conselleria de Solidaridad Josep Maria Felip y Alexandre Català responsabilizaron ayer a los técnicos de las irregularidades que se juzgan en el caso Cooperación y protegieron al exconseller tras mantener que no recibieron presiones de él para ocultar pruebas. Felip y Català se negaron a responder a las preguntas de la Fiscalía y de las otras dos acusaciones, y se limitaron a asegurar que nadie les alertó de las irregularidades por lo que ellos validaron los expedientes de la Fundación Cyes al actuar por el «principio de confianza». Català añadió que él firmó las facturas de Cyes sin verlas porque ya las habían revisado sus subordinados. Todos los altos cargos de la Conselleria están siguiendo la misma línea de defensa que Blasco al escudarse en los técnicos que no están imputados y que tienen que declarar a partir de la semana que viene como testigos.

Josep Maria Felip indicó que él no recibió presiones del exconseller Blasco para manipular los expedientes y ocultar pruebas. «No, en absoluto», sentenció. El ex director general confesó que su preocupación fue la filtración del escándalo de la compra de cuatro inmuebles con dinero destinado a proyectos de desarrollo en Nicaragua. «Fue una conmoción porque se habían vulnerado la custodia de los documentos públicos. Apareció todo el expediente fotocopiado». Felip explicó que pidió a Blasco que cesara a su jefe de gabinete, Xavier Llopis, por la filtración. «Yo el 7 de octubre de 2010 „un día después de trascender el saqueo de fondos„ me caí del guindo y perdí la confianza en mi jefe de área», señaló. Sin embargo, Blasco rechazó cesar a Llopis, que también está acusado y se enfrenta a 6 años de prisión.

El acusado mantuvo que el conseller Blasco les instó a que actuaran «en aras de la transparencia». La Fiscalía sostiene que en realidad Blasco ordenó manipular los expedientes para desmontar la acusación y en ese contexto le pide diez años de prisión a Josep Maria Felip.

El ex director general de Cooperación manifestó que desconoce si Tauroni recibió un trato de favor en el expediente de la Fundación Cyes porque él llegó cuando estaba a punto de cerrarse. Felip insistió en que él firmó el cierre del expediente al entender que estaba todo correcto por «el principio de confianza» en los funcionarios de la conselleria encargados de tramitarlo.

El número tres de la Conselleria de Solidaridad, Alexandre Català, siguió la misma estrategia de defensa que el resto de los altos cargos imputados y afirmó que él no sabía «nada de nada» ya que se limitaba a firmar lo que le ponían por delante sin comprobarlo. Català, que se enfrenta a 13 años de cárcel, declaró que no sabía «ni en qué consistía» el proyecto de 1,6 millones de euros de Cyes. «Nadie se dirigió a mí para hablarme de esos expedientes», señaló.

«Yo creía que las facturas estaban bien por el principio de confianza» en lo que hacen los técnicos de la Administración, apuntó. «Yo lo firmé con la confianza de que los órganos competentes lo habían revisado», añadió. «Si las personas a las que corresponde han dado por buenas unas facturas y han rechazado otras, por confianza en la gestión le doy el visto bueno», reiteró. El ex subsecretario autonómico no precisó quiénes eran las personas encargadas de velar por la legalidad de los expedientes al sostener que el principio de confianza en la actuación de la Administración «es genérico».

«El problema de los pisos fue ponerlos a nombre de quien no tocaba»
El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, sacó ayer pecho al subrayar que la auditoría que elaboró la institución por mandato de las Corts ya detectó las «incidencias» que ahora se juzgan en el TSJ. En concreto, el «cumplimiento del requisito de la experiencia» por la fundación Cyes y «la justificación material de que el pago se destinó a la finalidad de la subvención». A preguntas de los periodistas, Vicente, quien debe declarar próximamente, manifestó que los pisos que compró la fundación con ayudas de la extinta Conselleria de Solidaridad para proyectos de cooperación en Nicaragua, «inicialmente estaba previsto que se compraran». «El problema „advirtió„ es que se pusieron a nombre de quien no tocaba». Y ello porque el decreto que regulaba las ayudas permitía adquirir inmuebles pero el beneficiario debe ser el destinatario de las acciones, no la entidad receptora de la subvención, que es una mera intermediaria.

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