El ex director general de Cooperación Josep María Felip ha afirmado hoy que firmó el certificado que ponía fin a la vía administrativa de las subvenciones a la Fundación Cyes porque venía con el visto bueno de la persona autorizada para ello, que era el entonces jefe de área, Marc Llinares.

Felip ha declarado como acusado en el juicio que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia valenciano contra el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco y otras ocho personas por supuestos delitos en la concesión en 2008 de subvenciones de la Generalitat a la Fundación Cyes para proyectos de cooperación internacional.

El ex director general, quien ha respondido únicamente a las defensas, ha señalado desconocer los expedientes de Cyes (nada que ver con la constructora del mismo nombre), pues fueron tramitados antes de que asumiera las funciones de la Dirección General de Cooperación, el 3 de mayo de 2010.

Su relación con ellos se limita a la firma del certificado que pone fin a la vía administrativa de este expediente, un acto, según ha dicho, "formal" por el que el documento pasa a la fase de fiscalización y control por parte de la Intervención Delegada.

Ha señalado que el documento le llegó a través del "portafirmas", pues su despacho no estaba en la misma Conselleria, procedente del jefe de área de la Dirección General de Cooperación, Marc Llinares, por lo que lo dio por bueno "a todos los efectos" por el principio de "confianza legítima".

Felip ha manifestado que cuando asumió las competencias de Cooperación se reunió con los jefes de servicio, de sección y de área para saber si había alguna cuestión en trámite sobre la que debiera estar informado, a lo que éstos respondieron que "todo era correcto".

El ex director general ha destacado que cuando se publicaron las supuestas irregularidades en octubre de 2010, se produjo "una alarma" en la Conselleria y él llegó a pedir la destitución de Llinares por considerar que se había producido "un problema en la seguridad en la custodia de documentos públicos".

Sin embargo, el entonces conseller Rafael Blasco le dijo que se "dejara de historias" porque lo importante era responder a esas acusaciones pues, a su juicio, se trataba de una cuestión política.

Ha asegurado que no recibió instrucciones para manipular, alterar u ocultar documentos, y ha destacado que Blasco ordenó actuar con "total y absoluta transparencia" y poner el expediente a disposición de la Fiscalía, los grupos parlamentarios y las ONG.

En este sentido, ha afirmado que avisó personalmente a los portavoces de Compromís, Enric Morera, y EU, Marga Sanz, a quien le une "una vieja amistad", así como a ONG para que acudieran a ver el expediente, y trató de ponerse en contacto con el PSPV, pero "nadie se puso al teléfono".

Ha señalado que después de mostrar el expediente, éste se custodió en "un armarito" de la Conselleria, hasta que ésta desapareció tras las elecciones autonómicas de 2011.

Preguntado por qué la Conselleria se negó a participar en la venta de los pisos adquiridos por Cyes, ha dicho que de haberlo aceptado hubiera entrado "en un ilícito administrativo".

Felip ha afirmado haber conocido al presidente de Cyes, Marcial López, y al empresario Augusto César Tauroni, el único acusado en prisión, tras publicarse las supuestas irregularidades, y ha dicho que a éste último nunca lo relacionó con los expedientes.