Pero si la presión vecinal apenas hace mella en los políticos valencianos, la mediática y de la opinión pública sí ha protagonizado rectificaciones sonadas. La última, la contratación por parte de Presidencia de la Generalitat en mayo de 2013 de un entrenador personal en liderazgo para el jefe del Consell, Alberto Fabra. Tras revelar Levante-EMV la decisión del Ejecutivo, en la que éste pretendía gastarse 20.000 euros, el presidente dio marcha atrás y se resolvió el contrato. El 'coach' había facturado ya 8.000 euros que, según el Consell, no asumió finalmente el erario.

Antes que eso, en las Corts hubo una marcha atrás mucho más estrepitosa: La del reglamento de pensiones y finiquitos parlamentarios en favor de los exdiputados. La norma, aprobada a finales de 2006, garantizaba a los exparlamentarios el cobro de la pensión cuando se jubilaran si acumulaban al menos 7 años de mandato. La paga sería máxima con 11 años en el escaño. Además, los exdiputados cobrarían una indemnización al perder el acta, compatible con otro trabajo público o privado. Para la Cámara suponía un desembolso de 27 millones, de los que 820.000 eran finiquitos. La firme oposición de los servicios jurídicos y económicos de las Corts, unida a las críticas mediáticas, llevaron a las Corts a derogar la norma el 16 de febrero de 2010.

De menor entidad fue la marcha atrás en el primer concurso para amueblar la sede de los grupos de las Corts. Licitado por un millón, la oferta que se perfilaba como ganadora ascendía a 820.000 euros pero el elevado coste y las 'irregularidades' llevarton a declararlo desierto a finales de 2010. La Cámara volvió a licitar la adquisición, que acabó costando 401.000 euros.

También en la Diputación de Valencia, presidida por Alfonso Rus, hubo una aparatosa rectificación. En junio de 2011, Rus anuló unas oposiciones para cubrir diez plazas de auxiliares de recaudación tras desvelar Levante-EMV que, entre los 45 „de un total de 400 aspirantes„ que habían aprobado la primera de las dos pruebas, siete de ellos, vinculados con cargos del PP y especialmente con el diputado de Modernización y alcalde de Chiva, José María Haro, habían logrado las calificaciones más altas.

En otro nivel se encuentran las, por así decirlo, 'ocurrencias' que a lo largo de los años han lanzado los políticos y que han tenido que enterrar por el aluvión de críticas, aunque no llegaron a materializarse. Una de ellas fue el anuncio de la Generalitat, el 23 de febrero de 2009, de implantar la enseñanza del chino como asignatura optativa en el segundo ciclo de la ESO y el Bachillerato en el curso 2010-2011.

En diciembre de 2008, el Consell de Camps también renunció a su intención inicial de que la asignatura „que pretendía boicotear„ de Educación para la Ciudadanía se impartiera solo en inglés en los centros educativos. El anuncio levantó al colectivo docente e incluso se llegó a convocar una huelga de profesores y alumnos. La protesta y las denuncias judiciales frenaron la iniciativa y el Ejecutivo aprobó una 'moratoria' in extremis.