Cuatro consejeros con derecho a voto, incluido el presidente de la institución, Vicente Garrido, así como el expresidente Francisco Camps y el secretario del CJC, Ferrán García (estos dos últimos con voz, pero sin voto) participaron ayer en las deliberaciones de un dictamen que dará que hablar dada su trascendencia política. Asi, junto a Garrido participaron Enrique Fliquete, José Díez, y Marisa Mediavilla. Todos nombrados a instancias del Consell o del PP. El CJC está cojo porque faltan dos de sus seis miembros. La plaza del PSPV está vacante, mientras que el nuevo consejero nombrado por el Consell, Fernádez Roldán, todavía no ha tomado posesión. Sí estuvo el expresidente Camps que no se pierde ninguna reunión y suele mostrarse muy activo en muchos de los asuntos a pesar de que carece de voto.

Con todo, ayer, el alma de la reunón fue Vicente Garrido. El presidente del Consell Jurídic fue el ponente del dictamen como lo fue ya del emitido en 2004. De los cuatro consejeros con derecho a voto, Garrido es especialista en materia de estatutaria. El fallo se tomó por unanimidad y no fue necesario alargar más de lo normal la sesión que duró unas tres horas y en la que también se abordaron otros expedientes, entre otros, asuntos tan de calado como la ley urbanística. Garrido, a quien su entorno considera muy escrupuloso en sus resoluciones y un hombre muy celoso de la autonomía de la institución, tenía una papeleta complicada, ya que el dictamen en un sentido o en otro estaba condenado a dejar damnificados.

De hecho, fuentes cercanas a la institución, admitían la preocupación de Garrido de que el reciente enfrentamiento con el Consell a cuenta del nombramiento de Fernández Roldán se colara en los análisis del dictamen y que este se leyera en clave de revancha. El nombramiento del consejero, propuesto por el propio Fabra, ha generado mucho malestar en la institución. Garrido tenía de tiempo hasta el lunes para entregar el dictamen, pero finalmente y, una vez analizado el asunto, optó por someterlo a votación ayer mismo.

Pero si el fallo salva finalmente al CJC de las iras del sector del PP más partidario del secesionismo lingüístico, lo enfrenta a una institución hermana como es la Acadèmia y, como se vio ayer ya, a las fuerzas de la oposición y a colectivos en defensa del valenciano, como Intersindical. Ayer desde estos sectores se acusaba al CJC de plegarse al Consell y de falta de independencia.