Las evidencias acumuladas durante la primera fase del juicio contra el exconseller Blasco por el saqueo de fondos públicos destinados a cooperación han hecho recular a las defensas una vez que se ha superado el ecuador de la vista. Los abogados de los altos cargos procesados están renunciando a los testigos que habían propuesto para forzar la nulidad y desmontar los argumentos de la Fiscalía, la Abogacía de la Generalitat y la acusación popular.
El cambio de estrategia ha descolocado esta semana a algunos letrados que no entienden por qué el abogado del exsubsecretario procesado Àlex Català ha renunciado a que preste declaración el exconseller Jorge Cabré; el director general de la Abogacía de la Generalitat, Emilio Torrejón; y la secretaria autonómica de Presidencia y coordinadora del servicio jurídico, Cristina Macías. Torrejón y Macías eran fundamentales para las defensas en su intento de forzar la nulidad del juicio porque la Abogacía de la Generalitat representó en un primer momento a Català y después ha ejercido la acusación contra él. Sin embargo, el temor del abogado de Català a que las declaraciones se le vuelvan en contra ha pesado más.
El abogado de Rafael Blasco, Javier Boix, también ha pasado a una estrategia de defensa de baja intensidad y ha renunciado a que comparezcan testigos que pueden ser hostiles como el cooperante Fernando Darder. Boix pidió la comparencia de Darder antes de que acudiera de forma imprevista al TSJ el pasado 3 de enero para declarar por la segunda pieza que todavía se investiga. Darder reveló que Blasco se reunió con la trama antes de adjudicar el hospital de Haití. Javier Boix ya tuvo una mala experiencia cuando declaró la secretaria de Blasco en el juicio un testigo desfavorable para las acusaciones y la presidenta de la sala Pilar de la Oliva acabó preguntándole si abría los sobres que Tauroni le hacia llegar al exconseller a través de ella. La secretaria confesó que no los abría porque eran «personales».
El exconseller Blasco, que se enfrenta a catorce años de prisión, se escudó en los técnicos para defenderse de las irregularidades, minimizó su relación con el empresario encarcelado (Augusto César Tauroni) y aseguró que se enteró de todo por la prensa. La defensa de Blasco comenzó a desmoronarse el 21 de enero con la declaración de Maribel Castillo, secretaria y persona de confianza de Augusto César Tauroni. Castillo pilló por sorpresa a las defensas al admitir que la trama dependía de Blasco para conseguir proyectos, revelación que dos semanas más tarde confirmó Óscar Varea, otro extrabajador de Tauroni. Castillo también reconoció que su jefe llamaba Conill a Blasco y que comía en su casa de Alzira. Según las pesquisas policiales, los responsables de la trama se referían a Blasco como Conill, Conejo o Roger Rabbit y supuestamente bajo esos apodos se le acordaba entregar dinero, extremo que tanto el exconseller como Tauroni niegan.
Oposición de los técnicos
El punto de no retorno para los intereses del exconseller se produjo con la declaración de los tres técnicos que formaban la comisión de evaluación de los proyectos bajo sospecha junto a le exdirectora general Carmen Dolz y la secretaria administrativa procesada Tina Sanjuán. Los técnicos que contaron con el apoyo de Dolz explicaron sin fisuras que Blasco les presionó el 31 de julio de 2008 para que concedieran la subvención de 1,6 millones de euros a la Fundación Cyes que carece de relación con la constructora a pesar de que no cumplía con el requisito de la experiencia previa. Teresa Clemente, una de las técnicos, añadió que contactó con ella el presidente de la Fundación Cyes para que no le reclamara más documentos para acreditar la experiencia. «Me llamó para decirme que no le pidiera más papeles porque él ya había presentado todo lo que tenía que presentar, y eso ya lo tenía hablado y resuelto con el conseller», sentenció.
La puntilla para los acusados la dio la jefa de la becaria que descubrió que de los 1,6 millones de euros de ayuda solo habían llegado cien mil dólares a Nicaragua. El resto del dinero fue utilizado para comprar pisos en Valencia y supuestamente para pagar una comisión de 400.000 euros a Tauroni por conseguir la subvención.
