La Generalitat todavía mantenía al cierre de 2012 un volumen de gasto no reconocido en su presupuesto por la friolera de 5.841 millones el equivalente al 40 % de un presupuesto anual, pese a la inyección de miles de millones a través de los planes de rescate del Gobierno (Plan de Pago a Proveedores y Fondo de Liquidez Autonómico), según desveló ayer en las Corts el Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt. El auditor, que compareció en la comisión de Economía para informar de la fiscalización del Consell en 2012, ofreció datos inéditos sobre la evolución de las facturas en los cajones, hasta ahora limitadas a Sanidad. Y la sorpresa es que en 2012 el Ejecutivo de Fabra aún acumulaba los citados 5.800 millones, mil menos que en 2011 (cuando alcanzó los 6.825 millones), pese a que ese año el Gobierno central le inyectó casi 6.000 millones para saldar deuda con los proveedores.
La cifra es superior a la que el Consell declaró al Ministerio de Hacienda en el Plan Económico Financiero de 2013, 5.500 millones. Los números «no cuadran», advirtió ayer el portavoz socialista de Economía, Julián López, quien se preguntó «cuál es realmente el lastre que arrastra la Generalitat». De esos 5.800 millones, 2.010 son una deuda interna entre el Consell y su propia empresa Ciegsa (el dinero que la firma que construye colegios dice que le adeuda el Ejecutivo pero que éste no le reconocía), pero el resto son débitos con proveedores. En 2011, descontando Ciegsa, las deudas comerciales sin dotación presupuestaria sumaban 4.800 millones, que solo bajaron a 3.800 en 2012. Ese año fue el primero en que no hubo gasto oculto, recalcó Rafael Vicente, quien dijo esperar que «nunca más» lo haya.
No fue la única sorpresa de la comparecencia. El Síndic admitió abiertamente que no ha podido cuantificar cuál fue el gasto real del Consell en 2012, el año de los recortes, particularmente en Sanidad, debido a «todas las facturas que se han aflorado» de años anteriores y que, para imputarlas al ejercicio que corresponde, tendrían que haberlas «revisado una a una». Y no podrá saberse, advirtió, salvo que realicen un «informe específico», una petición que López le adelantó que le hará. El auditor explicó que antes se hacía ese trabajo pero este año «ha sido imposible». La consecuencia es que, al mezclarse facturas de otros años y de 2012, no se sabe cuánto gastó realmente el Consell y, en consecuencia, cuál fue el alcance de los recortes.
Revisar el modelo autonómico
Como «opinión personal» sobre «qué pasará con el autogobierno», abogó por «revisar el estado autonómico» y «diseñar otro sistema de atribución de competencias» entre el Estado, comunidades y municipios, evitando «duplicidades» y con una gestión «eficaz». «No hay que devolver ninguna competencia; hay que financiarlas bien», recalcó. También insistió en que hay que reformar el sistema de financiación. «Algo hay que hacer porque el que tenemos no alcanza para pagar servicios fundamentales», alertó.
Mireia Mollà (Compromís) aludió al «topo» de Presidencia para reclamar que los gastos de caja fija sean públicos para «que todos sepamos la compra del mes de la señora Pastor [la jefa de Presidencia]» y el Síndic se limitó a indicar que esos tiques no pasan por el registro oficial de facturas. Ignacio Blanco, de EU, enfatizó la «herencia envenenada» que recibirá el próximo Gobierno, «que no será del PP».
