Con el Gobierno de Rajoy ya no hay discriminación inversora del Estado con la C. Valenciana. Y eso que en las cuentas de 2014 sólo le asignaron el 6,2 % cuando representa el 10,8 % de la población. El PP aprobó ayer en el pleno solicitar al Congreso la retirada de la reforma que avaló en 2008 de la Ley de Financiación de las Comunidades (Lofca) para exigir que la distribución de la inversión, además de con solidaridad, se haga «con equidad». El síndic del PP, Jorge Bellver, lo justificó al ver «innecesaria» la modificación ya que con Rajoy «la solidaridad y equidad están plenamente garantizadas» en el reparto inversor. «Con el PP se ha acabado el chantaje territorial», dijo. El PSPV y EU se abstuvieron, mientras Compromís votó en contra. El socialista Antonio Torres atribuyó la renuncia a que Génova «se lo ha ordenado para no hacer más el ridículo». «Solidaridad y equidad son incompatibles; la presentaron para tocarle las narices a Zapatero», dijo. Enric Morera (Compromís) preguntó si «nos podemos fiar del PP» en que se logrará una financiación justa y Marga Sanz, de EU, acusó al PP de utilizar en 2008 las Corts «como arma electoral».

Populares y socialistas, con la abstención de Compromís y EU, aprobaron la modificación de la ley del Comité Económico y Social (CES) para reducir sus miembros de 29 a 18, mientras fracasó la iniciativa impulsada también por el Consell para minorar de 6 a 5 los consejeros del Jurídic Consultiu. El PP no logró sumar a ningún grupo, con lo que sus 46 votos quedaron lejos de la mayoría cualificada necesaria de tres quintos (60) y se desestimó. La oposición 'salvó' al Jurídic del recorte y ello pese al «ridículo mundial» del CJC, según Compromís y EU, en su dictamen sobre la definición de «valenciano» de la Acadèmia en su «Diccionari».

El popular Rubén Ibáñez logró el consenso en el CES; con todo, la reducción apenas supondrá ahorro ya que se centra en los representantes del Consell y solo se perciben dietas por asistencias. En el debate del Jurídic, los populares rechazaron las enmiendas para hacer incompatible el escaño en las Corts con el puesto de consejero nato, situación en que se encuentra Camps. Éste no asistió ayer al pleno y así evitó la «aberración jurídica» y «agresión institucional» que habría supuesto su voto, en palabras del socialista José Manuel Sánchez. Tras la del CJC, también fracasarán las propuestas pendientes sobre el Consell de Cultura y la Acadèmia.