Los promotores de la iniciativa lo comparan con la lucha por el sufragio que a lo largo de la Historia han librado los pobres, las mujeres, los negros, los homosexuales o los indígenas. Ahora es el turno de los discapacitados intelectuales. Y la bandera de esta batalla la enarbola Víctor Díaz Rodríguez, un gandiense de 24 años con discapacidad intelectual a quien el año pasado un juez le quitó el derecho a votar tras serle concedida una incapacidad total.
Llevaba desde los 18 votando en las elecciones, excepto una cita electoral en la que se abstuvo porque nadie le convencía. Pero, ahora, Víctor ya no tiene derecho a voto. Él, que se maneja por ordenador en Facebook con un amigo de Rumanía y utiliza el Whatsapp del móvil como cualquier joven de su edad. Él, que se baja música de internet y conoce a futbolistas de medio mundo. Él, que ve los informativos de televisión y lamenta cada muerte de una víctima de la violencia machista o se enfurece con el ERE anunciado por Coca-Cola. Él, que cada día se monta en un autobús a las 8.30 para ir a un centro ocupacional de l’Alqueria de la Comtesa (la Safor) y vuelve solo a casa poco después de las 18.30 con algo de dinero en el bolsillo y el teléfono móvil. Él, que aunque no sabe sumar y escribe con dislexia, se prepara solo la merienda, hace la cama, limpia su habitación o baja al bar a ver el fútbol si juega el Atleti, cuya devoción ha heredado de su padre y su abuelo. Él, Víctor Díaz Rodríguez, un joven con trastorno generalizado del desarrollo y elevada hiperactividad, ya no puede ejercer un derecho básico de ciudadanía. Su condena es la llamada «muerte civil». Pero ni él ni su familia se resignan a esta «discriminación» y están inmersos en una lucha judicial y política que podría acabar siendo histórica.
Una medida protectora
Los padres de Víctor habían solicitado la medida protectora de la incapacidad total para que a su hijo no pudieran engañarle en el futuro a la hora de firmar cualquier documento con efectos económicos que él no entendiera. Entonces vieron la letra pequeña: esa incapacidad total reconocida conllevaba también la incapacidad para votar en un 85 % de las ocasiones, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), al estimarse que una determinada discapacidad intelectual o mental impide la elección libre y autónoma de una opción política.
En esa misma situación de sufragio pohibido por una sentencia de incapacitación hay 79.398 personas, de las que el 61% tienen entre 18 y 64 años, según contó la Oficina del Censo Electoral en los últimos comicios. Y eso preocupa a Chema Sánchez, profesor y miembro del Comité de Ética de la Federación de Ayuda a Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (FEAPS). «El caso de Víctor es extraordinario porque su familia ha apelado a la Audiencia Provincial de Valencia y es el único caso en España pendiente de esta apelación», asegura Chema Sánchez. Así es: recurrida la sentencia en segunda instancia, están a la espera de la resolución de la Audiencia prevista para esta primavera.
Este experto, que aporta el respaldo científico a la familia de Víctor en su cruzada judicial, afirma que «este movimiento incipiente de derechos civiles y políticos reivindica el derecho a sufragio y otros derechos a personas que, aunque tengan limitaciones cognitivas, son ciudadanos de primera y no pobres bobos a los que hay que cuidar sin otorgar derechos».
Quitar el derecho a voto es una decisión que compete al juez que estudia la incapacidad total y que se basa en el informe de un médico forense que realiza un pequeño examen al afectado. Aunque no es obligatorio ni automático, en la inmensa mayoría de casos, señala el portavoz de FEAPS, la declaración de incapacidad total suele conllevar la pérdida del derecho de sufragio.
Así ha ocurrido en el caso de Víctor, a quien el forense visitó y le hizo un pequeño test. «Le preguntaron quién era el presidente del Gobierno y quiénes habían ocupado el cargo antes. Víctor contestó bien y llegó hasta Felipe González. Le preguntaron el anterior y ya no lo supo. Pero es que él no había ni nacido entonces», apostilla su madre, Marisa Rodríguez. ¿Cuánta gente sin discapacidad hubiera contestado que el anterior a Felipe González fue Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo?, se pregunta todavía Marisa.
Ella subraya que los analfabetos votan. «Recuerdo a una mujer que votaba a Felipe González simplemente porque era muy guapo», añade. «Mi hijo es discapacitado, pero no es inútil. Hemos conseguido que Víctor no sea un mueble. Pero la sociedad y la justicia no nos lo permiten. Sólo queremos que sea ciudadano. Que igual que es ciudadano para pagar impuestos, que lo sea para poder votar. Lo contrario parece de otro siglo», concluye Marisa.
La batalla política
La batalla de Víctor Díaz no sólo se libra en el plano judicial. También tienen un pie en el tablero político. La semana pasada, la familia de Víctor, un trabajador social y su asesor científico viajaron a Madrid y se reunieron con el vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados, Jordi Jané (CiU). Este diputado es el ponente principal de una iniciativa legislativa poco conocida: un cambio de la Ley Electoral encaminado a eliminar la discriminación que excluye del derecho a voto a aquellas personas declaradas incapaces por una sentencia judicial firme. El objetivo de esta enmienda —instada por CiU y pactada con el PP para atender una reivindicación del Cermi— es que la ley refleje que puedan votar todas las personas con discapacidad. Que el respeto al derecho a voto pase a ser la regla general —y no la excepción— en las sentencias de incapacitación por deficiencias intelectuales, que casi siempre llevan aparejadas la privación del derecho de sufragio.
Los 400 euros que pagó René
Un precedente como el de Víctor —pero solucionado en primera instancia— fue el de René Ortega, valenciano de 40 años, que hace un lustro emprendió esta misma batalla. René Sufre un trastorno límite de la personalidad, una grave enfermedad mental basada en los estados de ánimo, comportamiento y relaciones inestables. Una sentencia de incapacidad le arrebató el derecho a voto. Su familia peleó para restituirlo. «Recurrimos y el juicio nos costó 400 euros. Pero logramos que le devolvieran el derecho. Y peleamos porque él tenía interés e inquietud por la política», recuerda su padre, Venancio. Ahora es el turno de Víctor, de quien dicen que está que trina con Mariano Rajoy. Y quiere poder demostrarlo, más allá del Whatsapp o el Facebook, en el lugar donde se iguala con los demás ciudadanos: en las urnas.
