Cuentan los afectados que cada vez hay mayor comprensión en la Justicia a la hora de preservar el derecho a voto, como señala la Convención de los derechos de las personas con discapacidad al subrayar que todas las personas con discapacidad han de poder votar en igualdad de condiciones. Esa convención está vigente en España desde el 3 de mayo de 2008.
Llum Moral, coordinadora de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental en la Comunitat Valenciana (Feafes) constata que «se está produciendo un movimiento en la jurisprudencia que respeta cada vez más el derecho al voto de las personas con incapacidad». «Cada vez hay menos personas a las que les quitan el voto; hay que buscar que se hagan corsés a medida para proteger las áreas en las que las personas con sentencia de incapacitación se pueden valer», dice.
David Taroncher, gerente de la residencia para personas con enfermedad mental Mentalia Puerto, coincide en que «hasta hace poco se han estado matando moscas a cañonazos, pero cada vez hay más jueces que respetan el derecho a sufragio a la hora de conceder una incapacitación».
Taroncher dice que es importante que se razone en un informe previo de la familia o de un especialista del centro que la persona incapacitada quiere conservar el derecho a voto.
