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La línea quebrada contra la corrupción en el PP

La presión sobre Milagrosa Martínez reaviva las críticas internas a la política de tolerancia cero

Fabra y Blasco, en un pleno de 2012, antes de que el exportavoz dejara la bancada popular.

Fabra y Blasco, en un pleno de 2012, antes de que el exportavoz dejara la bancada popular. f. bustamante

Más que la propia corrupción, es la gestión política de los casos que salpican al PP lo que está generado tensiones y desgaste del liderazgo al presidente Alberto Fabra en el seno del partido. La moldeable doctrina contra la corrupción y los cambios en su «línea roja» le han situado en el centro de dos tensiones: de un lado, la búsqueda de «ejemplaridad» frente a la desafección ciudadana y las presiones de Génova; de otro, las exigencias de parte de la vieja guardia, que clama por un mejor trato ante a los implicados. Los continuos desplantes de Alfonso Rus (el último, el pasado sábado) o la recogida de firmas en la bancada popular de las Corts para indultar a un condenado ilustran esta oposición interna.

Desde que Fabra aterrizó en el Palau para sustituir a Camps, dimitido por el caso Gürtel, la «tolerancia cero» ha sido su bandera. A falta de obras que inaugurar, Fabra ha vendido propósito de enmienda para apartar del imaginario de la gaviota marcas como Brugal o Gürtel.

Sin embargo, el marco teórico de la «doctrina» se ha ido llenando de excepciones y modificaciones dependiendo del momento. El artículo 1 de la doctrina no escrita diría algo así como: «Apartar a los dirigentes del Consell afectados por casos de corrupción». Y en efecto, Fabra ha sacrificado sin pestañear a altos cargos afectados por el caso Nóos, ONG, RTVV... Sin embargo, la teoría no se aplicó con el exlíder del PP alicantino Joaquín Ripoll, afectado por Brugal, pero todavía presidente de la Autoridad Portuaria por designación de Presidencia. O Carlos Fabra, que se mantuvo al frente del aeropuerto de Castelló hasta que se le abrió juicio oral.

La doctrina también dicta que «ningún imputado podrá figurar en puestos de responsabilidad del partido». En coherencia con esto, el nuevo presidente «limpió» la dirección regional de cargos bajo investigación en el Congreso Regional de Alicante que le aupó al liderazgo. Del mismo modo, apartó a Rafael Blasco de la portavocía en las Corts. Pero de nuevo la excepción: a Carlos Fabra se le permitió escoger los tiempos de su jubilación como líder del PP de Castelló pese a sus múltiples frentes judiciales.

La última pata de la doctrina impone unas «listas electorales limpias de imputados». Está por ver qué sucederá dado que el presidente aún no ha afrontado unos comicios. Pero se adivina tormenta en Alicante en torno a la alcaldesa Sonia Castedo, imputada por varios delitos en una rama del caso Brugal. El número dos de Fabra, Serafín Castellano, ya le ha enseñado la puerta de salida; José Ciscar, vicepresidente y líder del PP alicantino, contemporiza, sin embargo, con una alcaldesa muy popular.

Las Corts: un campo de minas

Excepciones de la doctrina al margen, han sido los cambios de criterio en las Corts lo que ha generado más tensiones internas a Fabra. La premisa inicial fue apartar de los cargos de responsabilidad a los imputados, pero respetando su condición de diputado ya que, se decía, «el acta es personal». El presidente diseñó un nuevo estatuto disciplinario, pero lo dejó en «standby» con el pretexto de no aplicar de forma retroactiva sanciones a diputados que arrastraban causas de años atrás. Como régimen general se imponían las sanciones más laxas dictadas por Génova: expulsión tras condena. A Blasco, sin embargo, se le expulsó del grupo antes de ser procesado, pero en su caso se alegó desleatad por unas declaraciones críticas con Fabra y no su situación judicial.

Con el exalcalde de Torrevieja Hernández Mateo, por contra, la línea roja volvió a la casilla inicial y se le respetó el escaño hasta la condena, cuando dimitió. Pero el criterio cambió de nuevo la pasada semana. Fabra ha revisado y endurecido de nuevo la doctrina, a poco de unas elecciones y probablemente animado por la dirección de Rajoy.

La frontera para reclamar el acta o expulsar del grupo ya no es la sentencia, sino el procesamiento. Así le ha ocurrido a las exconselleras Angélica Such y Milagrosa Martínez, que serán juzgadas el día 31 por la pieza de Fitur del caso Gürtel. La primera se ha ido motu proprio; la expresidenta de las Corts, por su parte, se ha enrocado y, si no cede, en los próximos días podría ser enviada junto a Blasco. En realidad, más que en el procesamiento (apertura de juicio oral), la frontera sin retorno se sitúa ahora en la fecha del juicio y la temida foto en el banquillo, algo que Fabra no va a consentir. El matiz ha añadido más confusión aún. Y es que el exalcalde de Alicante Díaz Alperi está procesado desde el viernes, como Martínez, pero a él no se le presionará hasta su juicio, sin fecha aún.

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