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Rus aparca un plan para vigilar campos con drones por la inseguridad jurídica

El sector aeronáutico defiende que ya podría actuar en la prevención de incendios con aviones homologados - Los científicos piden una regulación

Cuatro aviones no tripulados civiles, en el aeródromo de Almansa. FLIGHTECH

Quien haya adquirido recientemente un avión o un helicóptero no tripulado, los conocidos drones, debe saber que a día de hoy su uso no es legal. Aunque por su utilización en zonas despobladas será difícil que tenga problemas con la Guardia Civil, la falta de regulación está frenando el desarrollo del sector en la Comunitat Valenciana, según fuentes del sector, y ya ha abortado más de una aplicación de esta tecnología por parte de las administraciones públicas. Eso es lo que le ha pasado a la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus, que ha tenido que aparcar un proyecto de vigilancia en las zonas de cultivo mediante robots voladores por el difícil encaje legal, ya que en España no se ha aprobado legislación sobre el tema.

Esta falta de regulación, según el investigador del Instituto ai2 de la Universitat Politécnica (UPV) Javier Sanchis, está obligando a las empresas valencianas del sector a salir fuera de España, «sobre todo a Latinoamérica». «La falta de legislación está frenando el desarrollo de esta tecnología en la Comunitat Valenciana. Su regulación va muy lenta porque no es prioritaria», explica Sanchis, quien forma parte de uno de los dos equipos de siete personas de la UPV que investigan en este sector.

Imelsa, que gestiona la prevención de incendios en las comarcas de la provincia de Valencia, «ha explorado la posibilidad de utilizar drones en la vigilancia de los campos», explicaron fuentes de la diputación, que buscaron asesoramiento en la unidad de la Guardia Civil especializada en la vigilancia aérea y la delegación del Gobierno. Las mismas fuentes confirmaron que han tenido que «aparcar» el proyecto porque desde la Benemérita se les ha argumentado que la aplicación de los drones en esta materia se encuentra en «un vacío legal porque podría vulnerar derechos fundamentales como la intimidad o la propiedad». «No se pueden utilizar, de momento, porque no hay legislación», sentenciaron las mismas fuentes.

Desde el sector de los aviones no tripulados también mostraron su preocupación por la falta de regulación en esta materia, pero son más optimistas respecto a su aplicación. «Para poder volar no hay normativa sobre drones y se aplica la ley de navegación aérea, por lo que sólo los aviones no tripulados homologados y con matrícula podrían volar», explican desde la empresa Flightech Systems Europe. Aunque con sede en Madrid, esta firma tiene dos equipos de desarrollo tecnológico en Petrer y Valencia con ingenieros formados de las universidades de Alicante y Politècnica de Valencia.

Desde Flightech Systems Europe, que aseguran son la única empresa española con un dron matriculado y con certificado de aeronavegabilidad, afirmaron que con sus aviones ya se podrían realizar tareas de vigilancia contra incendios porque cumplen la ley actual. «Sólo habría que aprobar la campaña de vuelos de la Agencia de Seguridad Aérea», aseveraron.

El uso de los drones en el sector civil ha abierto un gran debate en materia de derechos fundamentales y ya reclama una regulación para evitar abusos como ha pasado en otros países. ¿Qué pensaría usted si mientras toma el sol en una piscina privada un octocóptero sobrevuela su cabeza? El sector aeronáutico y científico exige una legislación al Estado que otras administraciones ya están explorando. De hecho, no sólo la Diputación de Valencia se ha interesado por los usos de los aviones no tripulados en materia de prevención de incendios.

Por su parte, desde la Conselleria de Gobernación explicaron que no han contemplado esta tecnología para su departamento y que tampoco se ha tratado en la Comisión de Protección Civil del Gobierno de España.

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