08 de marzo de 2014
08.03.2014

La «tarjeta roja» a Fabra acaba con 30 dependientes encerrados en la Basílica

La policía intenta desalojarlos pero resisten y consiguen el compromiso de mediación del arzobispo

07.03.2014 | 23:48
La «tarjeta roja» a Fabra acaba con 30 dependientes encerrados en la Basílica
Los dependientes encerrados en la basílica a la espera de que les recibiera Osoro, anoche.

La cinco marchas contra la política del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que confluyeron en la plaza de la Virgen de Valencia acabaron con un encierro en la basílica de la Mare de Déu de una treintena de dependientes y familiares para pedir amparo al arzobispo de Valencia, Carlos Osoro. Los manifestantes consiguieron reunirse con el purpurado al poco de pasadas las 22 horas y obtuvieron su compromiso para mediar ante las Corts y acudir a la Conferencia Episcopal a trasladar la situación de impagos que viven las familias y el copago de los dependientes, según varias personas que se quedaron en el edificio.

Una vez recibidos por el arzobispo, los dependientes abandonaron la basílica con la satisfacción de ver cumplida su reivindicación. «Nos ha mostrado toda su solidaridad y nos ha dicho que nos comprende y que nos dará todo su apoyo para trasladar nuestro mensaje», explicaron desde la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, entidad impulsora de esta acción de protesta. Con los dependientes que se encerraron en la basílica estuvieron dándoles su apoyo otra veintena de personas fuera del edificio, entre las que se encontraba la diputada de las Corts por Compromís, Mònica Oltra.

Antes del exitoso encierro en la basílica, miles de personas «sacaron la tarjeta roja» a Alberto Fabra. Una treintena de entidades y organizaciones impulsaron esta manifestación que partió de cinco puntos distintos de Valencia. En las diferentes protestas que confluyeron en la plaza de la Virgen estuvieron presentes el comité de empresa de Radio Televisión Valenciana, Acció Cultural de País Valencià, Ca Revolta, la Unió de Llauradors, la Federación de Padres y Madres de Alumnos, Intersindical Valenciana o la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio, además de partidos políticos de la oposición.

El manifiesto, muy duro con las políticas del Consell y con los últimos 19 años de gobierno del PP, fue leído por dos actores, como símbolo de la «destrucción» de este sector. La manifestación acabó con la interpretación por parte de Al Tall del la mítica «Tio Canya». «Porque este presidente de la Generalitat no habla valenciano aunque lo maten, tarjeta roja a Fabra», clamaron los dos miembros del histórico grupo valenciano que se subieron al escenario.

Los asistentes corearon lemas como «Mucha corbata y muy poca vergüenza», «Fabra dimisión» y «Fuera», y mostraron pancartas en las que se leían consignas como «No queremos un ninot de presidente» y «Fabra y Rita dimisión y los corruptos a prisión».

En el manifiesto, los manifestantes exigieron elecciones anticipadas «para avanzar soluciones, recuperar el tiempo perdido, aportar confianza y poner las bases para una recuperación económica, política y moral de la sociedad valenciana». Así, las organizaciones reivindicaron «aire fresco en las Instituciones, gente dispuesta a trabajar con ilusión en favor de los intereses colectivos».

En esta línea, alertaron de situaciones como el «aumento devastador del paro, la atonía económica, el cierre de empresas, la desindustrialización, el abandono del campo, la deriva autoritaria de unos gobernantes que no escuchan ni dialogan, las actitudes irresponsables que ponen en peligro las Instituciones Autonómicas, la privatización de los servicios públicos, la venta a precio de salgo de nuestro patrimonio, la destrucción de nuestra Radio-Televisión».

Asimismo, calificaron la gestión del Gobierno del PP de «megalómana y fracasada», que «tiene nombres y apellidos» y que ha «ensuciado la imagen del país», convertida en «tierra de saqueo», en referencia al libro sobre la corrupción valenciana del periodista Sergi Castillo.

Otra circunstancia que han resaltado ha sido «el brutal déficit estructural de la financiación, escandalosamente lesiva para los intereses valencianos». En este sentido, denunciaron que los compromisos de la Generalitat en sanidad, enseñanza o servicios sociales «están sometidos a una tensión extrema que perjudica gravemente la recuperación económica y el bienestar».

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