Un inmigrante que se encontraba en situación irregular ha sido expulsado de territorio español después de utilizar la tarjeta sanitaria de otro para recibir atención médica en el centro de salud de Sagunt.

Así lo determinó el juzgado de lo penal número 7 de Valencia y lo ratificó la Audiencia Provincial, que no tuvo en cuenta el recurso presentado por este hombre sin antecedentes penales y ratificó la condena de nueve meses de prisión, que se sustituyó por la deportación por el plazo de cinco años «y cuando dicha expulsión pueda hacerse efectiva», según recogen los fallos. Además, el inmigrante fue condenado a pagar una multa de 1.440 euros.

Entre los hechos probados en los que coinciden ambas sentencias destacan que la detención de este extranjero se produjo en la estación de autobuses de Valencia, cuando agentes de la Policía Nacional le pidieron que se identificara. El acusado exhibió un permiso de residencia y una tarjeta del servicio de salud de Castilla La Mancha de los que no era titular.

Dos días después de este episodio, la comisaría provincial de Toledo dio trámite a una denuncia presentada por otro extranjero, que alertó de la desaparición que había tenido lugar en la localidad de Recas de su permiso de residencia, que era el mismo utilizado por el acusado para identificarse ante la Policía Nacional en Valencia.

Aunque la Audiencia Provincial reconoce que estas tarjetas «habían sido adquiridas en circunstancias que se desconocen», la condena considera probado el delito de uso ilegítimo de documento oficial, que está recogido en los artículos 392.2 y 400 bis del Código Penal.

Estado de necesidad

En su apelación, el acusado esgrimió que se tuviera en cuenta el eximente del estado de necesidad para acudir al centro de salud de Sagunt cuando tuvo que recibir la atención sanitaria, así como que el delito se debería quedar en grado de tentativa, al no conseguir engañar a los agentes con la exhibición de los documentos de otro. Sin embargo «el Código Penal castiga el mero uso de documento de identidad auténtico por quien no esté legitimado para ello», según sentencia la Audiencia Provincial.

Uno de los escasos precedentes de este tipo en Sagunt afectó hace unos años a un extranjero en situación irregular que fue interceptado con casi medio kilo de cocaína. En este caso, la pena de cinco años de prisión se sustituyó por la expulsión durante 10 años y una multa de 47.812 euros, el triple del valor de mercado estimado para la droga decomisada.