La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia comunicó ayer al conductor kamikaze condenado por matar a un joven en Polinyà del Xúquer que no va a suspender su encarcelamiento y le ordenó que ingrese hoy en la prisión más cercana a su domicilio, que está en Guadalajara. El condenado ha recurrido la anulación del indulto ante el Tribunal Constitucional, que legalmente también podría suspender el ingreso en prisión. Los magistrados de la Audiencia de Valencia consideran que ya han dado tiempo suficiente al condenado para que organice su vida y entienden que «lo normal» es que ingrese ya en prisión y cumpla lo que le queda de los trece años de pena.

La sala notificó ayer el auto de ingreso en prisión una vez que ya han pasado más de cuatro meses desde que el Tribunal Supremo decidió anular el indulto concedido por el Gobierno al conductor kamikaze. El Tribunal Supremo dejó al Gobierno la posibilidad de volver a otorgar la medida de gracia al condenado en un plazo de tres meses. El Ejecutivo optó por no volver a otorgarla tras el fuerte rechazo social. El indulto del kamikaze no contó con el informe favorable de la Fiscalía ni de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que condenó en el año 2011 a Ramón Jorge Río Salgado a trece años por un delito de conducción temeraria con grave desprecio a la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una de daños. Los magistrados de la Audiencia impusieron al conductor una pena ejemplar al llegar a la conclusión de que los hechos eran de «una tremenda gravedad» ya que puso en peligro la vida de un «elevado número de personas de manera gratuita».

La polémica por la concesión del indulto aumentó tras desvelar Levante-EMV que el hijo del ministro de Justicia trabaja en el mismo bufete que defendió al kamikaze. El abogado defensor del condenado, el letrado Esteban Astarloa Huarte-Medicoa, es hermano de Ignacio Astarloa Huarte-Medicoa, diputado del PP en el Congreso de manera interrumpida desde 2000 y que ha sido subsecretario de Justicia (2000-2002) y secretario de Estado de Seguridad (2002-2004). El Colegio de Abogados de Valencia también se ha posicionado contra la concesión indiscriminada de indultos.