La dimisión como diputada autonómica de la exconsellera Milagrosa Martínez ha dinamitado el arranque del primer juicio contra la trama Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia acordó ayer suspender el inicio de la vista, que estaba fijado para el próximo lunes. La sala no tiene claro quién tiene ahora la competencia y el caso podría acabar en el TSJ, en la Audiencia Nacional o en la Audiencia de Valencia. Fuentes jurídicas apuntaron que el asunto lo resolverá finalmente el Tribunal Supremo porque las partes van a recurrir sea cual sea la decisión de la sala, lo que implica una demora mínima de seis meses. El abogado de la exconsellera Angélica Such defiende en sus alegaciones ante la sala que el caso debe ser juzgado en la Audiencia de Valencia y el PSPV se va a sumar a la petición de la Fiscalía de que se quede en el TSJ. Los cabecillas de la trama no se han pronunciado sobre qué tribunal debe juzgarlos, pero han advertido al TSJ en sus alegaciones de que ha perdido la competencia.
El TSJ había reservado 48 sesiones entre el 31 de marzo y el 7 de octubre para el primer juicio del caso Gürtel, que se centra en las adjudicaciones a Orange Market del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009. El Tribunal Superior de Justicia tenía hasta ahora la competencia porque cuando hace ocho meses se abrió el juicio oral había dos personas aforadas, las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Las dos han dimitido como diputadas tras el órdago lanzado por el presidente Alberto Fabra contra los procesados por causa de corrupción y han perdido su condición de aforadas.
La sala dictó ayer la diligencia en la que acuerda la suspensión cautelar de la vista para estudiar las alegaciones que están presentando las acusaciones y las defensas. El TSJ informó por medio de un comunicado que los magistrados «no anticipan con ello posición alguna» ya que tienen hasta mañana para recibir las alegaciones.
El abogado de Angélica Such incide en su escrito en que la Audiencia Provincial es el tribunal competente porque los hechos supuestamente ocurrieron en Valencia, no hay aforados y es una causa independiente a la que investiga la Audiencia Nacional. La Audiencia Provincial podría celebrar la vista oral en septiembre.
El PSPV, que ejerce la acusación popular, considera que la Fiscalía Anticorrupción tiene razón cuando defiende que el caso se juzgue en el Tribunal Superior de Justicia porque cuando hace ocho meses se decretó la apertura de juicio oral había dos personas aforadas. El fiscal considera que la renuncia al escaño de Milagrosa Martínez «más de un año después de conocer el escrito de acusación dictado contra ella, ocho meses después de dictarse el auto de apertura de juicio oral y a solo nueve días del comienzo de la vista reviste carácter de fraude de ley y en ningún modo supone la pérdida de competencia del Tribunal Superior de Justicia». La Fiscalía Anticorrupción insistió en que la elección del tribunal «en modo alguno puede quedar a la mera voluntad de algunos aforados».
Los grandes beneficiados con la renuncia de las dos aforadas han sido los cabecillas de la trama que quieren que el caso pase a otro tribunal porque consideran que los magistrados del TSJ tiene prejuicios.
