Doce de las 17 comunidades autónomas registraban una situación de déficit en sus cuentas públicas al cierre de febrero, según los datos de contabilidad nacional facilitados ayer por el Ministerio de Hacienda. Sólo cuatro autonomías, entre las que se encuentra la Comunitat Valenciana, cerraron el segundo mes del año con superávit. En concreto, la C. Valenciana presentó un superavit del 0,01% en relación al PIB regional. En términos absolutos, ese porcentaje significa que el Consell cerró febrero con una diferencia entre ingresos y gastos a su favor de 6 millones de euros. También registraron datos positivos Navarra, País Vasco y Asturias. En su conjunto las comunidades autónomas registraron un déficit en términos de contabilidad nacional de 1.805 millones de euros, el 0,17 % del PIB, según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Aunque los datos son en apariencia positivos para el Consell, todavía es muy pronto para sacar conclusiones respecto a la ejecución presupuestaria en 2014, un año en el que las autonomías deberán cerrar sus cuentas públicas con un déficit no superior al 1%. De hecho, en ese mismo período en 2013, la Comunitat registró un superavit superior de 76 millones de euros; el 0,08% del PIB. Al finalizar el año, la Generalitat estuvo entre las administraciones incumplidoras ya que cerro 2013 con un déficit del 2,33% del PIB, muy por encima de su objetivo del 1,6%.

En su comunicado, Hacienda explicó que el resultado global es consecuencia de unos menores recursos no financieros, que descienden un 1,8 % debido, fundamentalmente a una menor recaudación en los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones, así como de un incremento de los gastos no financieros y de los derivados de la deuda en 166 millones (un 14 %).

Por otro lado, los datos en el primer trimestre del año suelen estar alterados por los adelantos del del Estado a comunidades, como la valenciana, para garantizar la liquidez. De hecho, la Generalitat acaparó, con 860 millones en el primer semestre de 2013, el 55 % del dinero adelantado por el Gobierno a las comunidades.