La compra de la gestora privada de los derechos de la Fórmula 1 por parte de la Generalitat fue una operación ruinosa en un negocio, la organización y explotación del Gran Premio de Europa en Valencia, consistente en privatizar ganancias y «nacionalizar» pérdidas. La empresa pública Circuit del Motor asumió el agujero de 34 millones de deuda que había alcanzado Valmor Sports en 2012 y dio por perdidos otros 14 que directamente le adeudaba. De esta forma, los socios privados de Valmor Fernando Roig, Bancaja y Worldwide Circuit Management (firma de Jorge Martínez Aspar y Vicente Cotino, entre otros) se desligaron del evento. El vicepresidente José Císcar lleva tiempo reiterando que la operación se realizó para evitar tener que pagar una penalización impuesta por Bernie Ecclestone si la prueba no se organizaba en 2012.
«El problema en esa decisión [la compra de Valmor] se llama 71 millones de dólares», repitió ayer Císcar tras el pleno del Consell, preguntado por la investigación que ha abierto la Fiscalía, a instancias del PSPV, para aclarar si hubo malversación de fondos por parte de Fabra y su Consell. «Se tomó la decisión menos perjudicial», concedió el vicepresidente. Císcar vino a admitir que el acuerdo de la Generalitat Sociedad Proyectos Temáticos (Sptcv) con Valmor para compartir los derechos de organización era tan ventajoso para Bancaja, Roig o Aspar que estos no asumían ningún riesgo al participar en el negocio a través de Valmor, algo así como una firma pantalla.
Responsabilidad solidaria
¿Era necesario comprar esta sociedad y asumir su pasivo para organizar la Fórmula 1? La oposición, en la denuncia, sostiene que no. Císcar defendió ayer la tesis contrario. Argumentó que como esta firma privada tenía el 50% de los derechos «tenía que llegarse a un acuerdo» para poder organizar la prueba una vez controlado el 100%. «No es que haya dos copatrocinadores y que cualquiera de los dos por separado pueda organizar la prueba, sino que tienen que estar de acuerdo todos». Por eso, argumentó, «se inició una negociación y en una negociación siempre hay que transigir en cosas para obtener lo más importante». Insistió en que lo más importante era evitar la penalización de 71 millones de dólares. Entonces, ¿no habría salido más a cuenta aplicar un plan B y pagar la mitad de la penalización, a medias con Valmor? Císcar explicó que había «una responsabilidad solidaria asumida por todos y, en el caso de que uno no tenga recursos económicos, la otra parte que sí los tiene debe hacer frente al cien por cien». En este sentido subrayó, en relación con la responsabilidad de Aspar, Roig y Bancaja, que ninguno de ellos «era parte contratante, sino socios de una mercantil y el sujeto jurídico era Valmor, una sociedad mercantil». «Se ha cumplido la norma mercantil», aseveró y declaró que el Consell tiene «mucha tranquilidad» de cara a la investigación fiscal del proceso de compra. La adquisición de Valmor «cumple absolutamente la legalidad», sentenció. Con todo, el vicepresidente no supo aportar «la cifra concreta» del coste de la operación y apuntó que Circuit del Motor «tendrá todos los datos», dado que esta empresa pública fue quien hizo la compra.
Destacó que la prueba del circuito urbano del Grau reportó grandes beneficios a la C. Valenciana. «En términos económicos y de publicidad», según un estudio del Instituto Valenciano de Estudios Económicos (IVIE), citado por Císcar. A la pregunta de por qué no se quiso continuar con la prueba si reportaba tantos beneficios, el vicepresidente recordó el argumentario del Consell: que la situación económica era «muy complicada» y que Cataluña «no cumplió» el compromiso de alternar la competición con Valencia. «Se puso todo encima de la mesa y se decidió lo que se entendía que era menos perjudicial», concluyó.
