El sindicato CGT ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción «las graves irregularidades en los gastos» de la Conselleria de Sanidad que pueden ascender a 1.864 millones de euros, según los datos que constan en el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2012.
La organización sindical ha trasladado la denuncia «por la negligente forma gestionar» al Tribunal de Cuentas al entender que esta tipo de gestión «ha provocado un grave quebranto a la Hacienda pública al pagar facturas «a escondidas» y sin consignación durante años.
CGT ha recordado que desde 2008 la Sindicatura de Cuentas ha advertido de las «graves irregularidades» detectadas en la Administración sanitaria de «guardar en el cajón las facturas de gastos que no podrían realizarse por falta de presupuesto».
En las denuncias elevadas ante a Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas, el sindicato ha dado cuenta de los contratos que se han realizado al margen de los procedimientos legales de contratación cuando tendrían que haberse licitado en un concurso público.
Las facturas guardadas en los cajones corresponden, sobre todo, a prestaciones que se han adjudicado «a dedo por los gestores» sin concurrencia pública que permite mejorar la contratación.
CGT sostiene que el perjuicio a la sanidad pública, estimado en casi dos mil millones de euros, «puede ser de dimensiones descomunales» que habrá que dilucidar en el procedimiento por responsabilidad contable ante en Tribunal de Cuentas y en el proceso penal que abra la Fiscalía Anticorrupción.
Los escritos de denuncia trasladados al Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal también dan a conocer la compra de productos farmacéuticos y sanitarios «a dedo, considerándolos contratos menores, cuando deberían haberse convocado con licitación pública», habida cuenta del elevado importe de las cuantías, precisa el sindicato.
Otra de las presuntas irregularidades que también se incluye en las denuncias son las relativas a la ampliación del contrato de gestión del departamento l'Horta-Manises, firmado en 2006 y con efectos al uno de mayo de 2012, para asignar al concesionario la gestión de la asistencia integral de la población del área de Mislata, aumentando el precio del contrato para 2012 en 18 millones de euros.
El sindicato resalta también que en esa ampliación de contrato también se le asigna la UTE concesionaria la gestión y el uso de determinados centros como el Hospital Militar de Mislata.
Recuerda CGT que el Consell Jurídic Consultiu se muestra disconforme a la propuesta de modificar el contrato en un dictamen preceptivo a su aprobación.
