Se equivocaron de sector. Cuando Rafael Blasco y Augusto César Tauroni decidieron concertarse para desviar fondos de la cooperación al desarrollo, la sentencia condenatoria del TSJ valenciano dixit, nunca pensaron que encontrarían tantos impedimentos y filtraciones y, mucho menos, que acabarían con sus huesos en la cárcel. Desde que en el año 2008 el expediente de la Fundación Cyes empezara a circular por los despachos de la Conselleria de Solidaridad la oposición de funcionarios y altos cargos fue numantina. Era una locura comprar inmuebles con dinero para el Tercer Mundo. Hasta una directora general, Pilar Collado, dejó su puesto por el atropello, así como numerosos funcionarios y trabajadores fueron purgados o trasladados de sitio.
En el juicio se ha demostrado lo difícil que fue pasar los controles y las presiones que los ahora condenados hubieron de hacer a estas personas para saltárselas y aprobar la subvención. Tuvo que ser una persona de extrema confianza de Blasco quien firmara la compra de pisos y su sentencia de muerte «política», el exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip, inhabilitado para cargo o empleo público durante siete años. Una becaria, Victoria Vila, fue quien descubrió el fraude en el terreno y lo comunicó a sus superiores. «Me he quedado bastante preocupada e impactada. Aquí a Nicaragua sólo han llegado 50.000 dolares de cada proyecto», explicaba la joven que sin saberlo y ya en 2010 había destapado el pastel.
En los días en que ocurría esto en el país Caribeño en Valencia saltaba el escándalo tras destapar Levante-EMV, El País y la SER la trama de Tauroni gracias a las denuncias y la información facilitada por ciudadanos anónimos. Dos diputadas, Clara Tirado y Mireia Mollà, formalizaron sendas denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción que ante las abundantes evidencias empezó a investigar.
Denuncias pese a las presiones
El mundo de la cooperación valenciana se puso patas arriba. Los primeros en desmarcarse y contar el modus operandi del entramado fue la ONG Asamanu África, una pequeña entidad de l'Alcora que avaló públicamente las informaciones que este periódico estaba revelando pese a las presiones de los ahora condenados. Posteriormente fueron los miembros de la Coordinadora Valenciana de ONGD los que pusieron el grito en el cielo y que tras hacerse pública la investigación judicial en febrero de 2012 se personaron como acusación popular en la causa. También sufrieron el acoso del Blasco, que montó una coordinadora de organizaciones afines a su gestión y la regó con abundante dinero público.
El último en sumarse a este heroico trabajo de la sociedad civil fue Antonio Penadés, padre de un niño en acogida haitiano que decidió personarse en la causa y que ha dirigido la acusación popular durante el juicio.
Él mismo ejerció de abogado y ha colaborado en el remate de la investigación a una trama que estuvo a punto de arruinar la imagen de la Cooperación.
