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04 de junio de 2014
04.06.2014
Caso Cooperación

Blasco evita la cárcel tras pagar la fianza de 200.000 euros

El exconseller, condenado a ocho años de prisión, entrega el pasaporte y elude su ingreso en prisión hasta que la sentencia sea firme al reunir en un sólo día el dinero que impuso el Tribunal Superior de Justicia

04.06.2014 | 15:21
Blasco, el martes al salir del TSJ.

El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía y ex diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, ha depositado la fianza de 200.000 euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), con lo que evitará entrar en prisión hasta que se declare firme la sentencia que le condena a ocho años de cárcel por malversación y prevaricación en la primera pieza del 'caso Cooperación'.

 Junto a la fianza, la Sala ha retirado el pasaporte al exconseller, le impide salir de España y le obliga también a comparecer mensualmente en el tribunal, según informa el TSJCV.

El Tribunal Superior de Justicia le dio este martes 48 horas de plazo para que depositara la fianza de 200.000 euros si quería evitar ingresar en prisión mientras resuelve el Supremo su recurso. La sala sospechaba que el exconseller ha ocultado parte de su patrimonio y temía que se fugue de España. El fiscal pidió su encarcelamiento inmediato tras la condena de ocho años de prisión o alternativamente una fianza de dos millones de euros, pero la sala consideró que es suficiente con que deposite un aval de 200.000 euros.

Los jueces también dieron 48 horas a la ex secretaria general Tina Sanjuán para que abone una fianza de 6.000 euros si quiere eludir su encarcelamiento. Sanjuán tiene una condena de siete años y medio. La sala ha ordenado que los otros cinco condenados a penas de prisión que permanecen en libertad entreguen su pasaporte para que no puedan salir del país y se presenten regularmente en el TSJ.

Rafael Blasco ya tiene embargado su patrimonio inmobiliario por el Tribunal de Cuentas. El TSJ considera que no está justificado su ingreso en prisión incondicional a pesar de que advierte de que es el «principal promotor» de la malversación de fondos públicos de la Conselleria de Solidaridad y tiene una serie de «contactos y relaciones» que le pueden facilitar una eventual evasión de la justicia. El auto apunta que sí que es necesario imponerle la medida cautelar de la fianza de 200.000 euros porque su profundo arraigo en la Comunitat Valenciana por su vinculación política ha quedado roto tras su dimisión como diputado. Además, «pese a la investigación llevada acabo no se le ha encontrado un patrimonio acorde con la posición que cabe presumirle lo que hace pensar en una suerte de ocultación de la que pudiera seguirse algún intento de elusión de la acción de la Justicia».

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