El caso Emarsa se encamina hacia su juicio tras casi cuatro años de investigaciones judiciales. Ayer, el magistrado Vicente Ríos cerró la instrucción de la pieza principal, quedan otras 11, con el procesamiento de 25 personas y con un fraude probado de no menos de 23.766.765,50 euros. El juez concluye que «una trama organizada» de políticos y técnicos de la Generalitat y empresas públicas «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan de actuación con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos públicos».

El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, da un plazo de diez días hábiles a la fiscalía y a las partes para que soliciten la apertura de juicio o el archivo de la causa.

Según el juez, los cabecillas de la «trama organizada» son el exgerete de Emarsa, Esteban Cuesta; el exdirector financiero, Enrique Arnal; el presidente de la extinta empresa pública y exalcalde de Manises, Enrique Crespo; el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Espsar), José Juan Morenilla; y el exjefe de Explotaciones de esta entidad dependiente de la Generalitat, Ignacio Bernácer. Para el juez, entre el 21 de julio de 2004 y el 26 de julio de 2010, estas cinco personas y «previo concierto» se valieron «de la posición de dominio y control que les otorgaban sus puestos en Emarsa y la Epsar» para obtener «cuantiosos fondos públicos» para la financiación de la depuradora de Pinedo «para la realización de obras de mantenimiento y mejora de la planta, así como ingresos por la prestación de servicios». Los cinco, añade en su auto de procesamiento de 1.029 páginas, «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan de actuación con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos públicos».

Los demás imputados tienen todos relación directa con estos cinco imputados y se los investiga, entre otras cosas, por haber colaborado con ellos en la presunta perpetración de los delitos y en el pago y cobro de comisiones. El juez procesa a estas 25 personas por malversación, prevaricación, falsedad en documento público y mercantil, cohecho y blanqueo de capitales. El delito contra la Hacienda Pública ha sido archivado al entender el juez que los imputados no intentaron defraudar a la Agencia Tributaria y que el conflicto con el fisco fue por una mala interpretación de la ley. De esta manera el magistrado retira un embargo de 2,2 millones a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), antigua propietaria de la depuradora de Pinedo y acusación particular.

Según el juez, el fraude a través de hinchar facturas por el tratamiento de lodos supone 13,05 millones. Este dinero se obtuvo gracias al desvío de fondos a firmas del empresario fugado Jorge Ignacio Roca, que cobraba 42 euros por tonelada tratada cuando pagaba 18 a un contratista. Este dinero lo percibían los imputados a través de comisiones extraídas en cajeros automáticos y repartidas por Cuesta, según el juez. Otros procesados por esta causa son los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros y el técnico de Emarsa Adolfo Polo.

El otro gran fraude se realizó a través de los proveedores informáticos y las reformas en la planta. Hasta 7,2 millones. Los procesados son Sebastián García Martínez, informático de la depuradora, y su hermana Mari Paz. Otro millón desviado se le imputa al procesado Daniel Calzada. Estos pagaban regalos y obras en sus casas a Arnal y Cuesta, según el juez.

Juan Carlos Gimeno, José Antonio Arnal, Juan Manuel García García, Ana María Solaz, Leonor Moreno, Luis Botella y Rafael Quiles han sido procesados por presuntamente cobrar por diferente servicios que no se habrían prestado. Entre todos superan el millón. El hermano de Cuesta, José Ramón, está también procesado.