La Fiscalía Anticorrupción estudia recurrir la sentencia del caso Cooperación para elevar la pena de prisión del exconseller Rafael Blasco y que el Supremo le imponga condena de cárcel al ex director general Josep Maria Felip. Las acusaciones consideran que el Supremo podría extender a los procesados un delito de malversación con los mismos hechos probados, lo que conllevaría un agravamiento de las penas.
Fuentes próximas al caso explicaron que el TSJ dictaminó que la malversación de caudales se cometió en el momento de la concesión de las ayudas y las acusaciones mantienen que continuó durante el desarrollo de los proyectos.
La Fiscalía pedía una condena de catorce años de prisión a Blasco y el TSJ finalmente le impuso ocho años de prisión. Fuentes cercanas al procedimiento explicaron que Josep Maria Felip fue sentenciado a siete años de inhabilitación y con el recurso que estudia presentar el fiscal podría enfrentarse a cuatro años de cárcel por un delito de malversación. En cualquier caso, la decisión no está tomada y también se va a tener en cuenta el criterio de los fiscales adscritos al Supremo.
Las defensas y las acusaciones tiene hasta hoy de plazo para presentar en el TSJ el anuncio del recurso que debe resolver el Supremo. Tras el anuncio, las partes disponen de quince días para entregar sus escritos. El Alto Tribunal va a tramitar el recurso como causa preferente porque Tauroni está en prisión preventiva por estos hechos y podría resolver antes de fin de año. Los abogados tienen claro que es complicado que el Supremo modifique los hechos probados que ocupan cuarenta folios de la sentencia y van a centrar sus esfuerzos en forzar la nulidad por la intervención de la Abogacía de la Generalitat y por las escuchas telefónicas.
Por su parte, la ex secretaria general de la extinta Conselleria de Solidaridad, Tina Sanjuán, ha depositado este jueves la fianza de 6.000 euros, con lo que evitará entrar en prisión hasta que, en su caso, se declare firme la sentencia que le condena a siete años, seis meses y un día de prisión por la primera pieza del 'caso Cooperación'.
Medida cautelar
El exconseller Blasco depositó ayer la fianza de 200.000 euros que le impuso el TSJ para eludir su ingreso en prisión mientras el Supremo resuelve su recurso. El exdirigente popular también entregó su pasaporte ya que tiene la prohibición de salir del país y deberá presentarse cada semana en el TSJ.
Rafael Blasco ya tiene embargado su patrimonio por el Tribunal de Cuentas. El órgano auditor dictó hace un año un embargo por valor de casi dos millones de euros que han tenido que hacer frente de forma conjunta Blasco, el ex subsecretario autonómico Àlex Català, el ex director general Josep Maria Felip y el ex presidente de la Fundación Cyes Marcial López.
La Fiscalía, la Abogacía de la Generalitat y el ciudadano Antonio Penadés (que ejerce la acusación popular) reclamaron al TSJ que le impusiera una fianza de dos millones de euros a Rafael Blasco para garantizar que no huya del país. Sin embargo, la sala consideró que era desproporcionado y le impuso la fianza de 200.000 euros.
