Consuelo Císcar, esposa de Rafael Blasco, fue la que abonó el miércoles la fianza de 200.000 euros impuesta al exconseller para evitar su entrada en prisión tras la condena a 8 años de cárcel por el caso Cooperación. Blasco está en libertad "siempre que fije domicilio, participe cada cambio que efectúe y asuma la obligación apud-acta de comparecer" ante el TSJ cada lunes antes de las 12.00 horas.
Cabe recordar, que, tal como avanzó Levante-EMV, la Fiscalía tiene intención de recurrir la sentencia en su totalidad para que el Supremo tenga en cuenta todos los delitos por los que acusaba. El TSJ no aplicó un delito de malversación a algunos procesados. Si el Supremo da la razón a la Fiscalía provocaría un incremento de las penas. La Abogacía de la Generalitat pretende recurrir solo algunas partes de la sentencia. El ciudadano Antonio Penadés, que ejerce la acusación popular, se va a adherir a los recursos de la Fiscalía y la Abogacía.
Las acusaciones consideran que el Supremo podría extender a algunos procesados un delito de malversación de caudales públicos con los mismos hechos probados, lo que conllevaría el agravamiento de las penas. El TSJ dictaminó que la malversación de caudales se cometió en el momento de la concesión de las ayudas y las acusaciones mantienen que continuó durante el desarrollo de los proyectos.
A por la nulidad
Las defensas de todos los condenados también van a recurrir la sentencia para intentar que el Supremo anule el juicio, aunque la mayoría todavía no ha presentado el anuncio puesto que se ha prolongado una semana el plazo para hacerlo después de que se presentaran unas aclaraciones de la resolución. Tras el anuncio, las partes disponen de veinte días para presentar sus escritos. El Alto Tribunal va tramitar el recurso como causa preferente porque el empresario Augusto César Tauroni está en prisión preventiva por esta pieza. La previsión es que el Supremo resuelva en seis meses.
