El período entre los años 2008 y 2013 ha sido el más turbulento y duro en la historia de la cooperación valenciana. La trama corrupta auspiciada desde la conselleria de Solidaridad para defraudar el dinero público destinado al Tercer Mundo, destapada por Levante-EMV el 8 de octubre de 2010, y los brutales recortes tras la crisis dejaron muy tocado a un sector que, pese a las adversidades, no dejó de trabajar y de reivindicar justicia. Tras la demoledora sentencia del caso Blasco, que deja sin mácula la actuación de la inmensa mayoría de las ONGD valencianas y señala a políticos, funcionarios y empresarios como culpables, el futuro se ve con otros ojos. Un cambio de ciclo. La guinda sería recuperar los niveles de inversión de la Generalitat y el Gobierno central que, en el primero de los casos «se ha desplomado en un 97 %», según calculan desde la Coordinadora Valenciana de ONGD.
Mientras la trama corrupta condenada absorbía recursos públicos para casas, yates y coches de lujo, la mayor parte de entidades continuaron con su trabajo diario en los países en vías de desarrollo. Un ejemplo es la ONGD valenciana Musol, que consiguió en 2008 que 2.120 familias indígenas que vivían en situación de pobreza en el municipio de San Pedro Carchá en Guatemala tuvieran agua potable. Los pozos en Nicaragua que tenía que construir la red condenada a través de la Fundación Cyes se quedaron en dos pisos y dos garajes en Valencia ahora embargados.
Tras la guerra que abrió el exconseller Rafael Blasco contra las organizaciones que cuestionaron su actuación, llegando incluso a impulsar un colectivo paralelo a base de entidades afines, las relaciones entre la administración y el sector de la cooperación han mejorado sustancialmente. Aún así, los presupuestos se mantienen bajo mínimos. Así, de los 68 millones de euros que la Generalitat destinó a la cooperación al desarrollo en 2008, en 2014 se prevé invertir 3,4, incluyendo las convocatorias públicas, los convenios y las ayudas a la sensibilización.
La mejora de las relaciones se ha sustanciado en la aprobación del III Plan Director de la Cooperación Valenciana 2014-2017, que según explicaron desde la Conselleria de Bienestar Social, prevé que las subvenciones en este sector aumenten paulatinamente en los próximos años. Así, la norma aprobada por el Gobierno valenciano contempla que la Generalitat «se compromete, en la medida que las circunstancias económicas lo permitan, a propiciar los mecanismos que permitan avanzar y progresar hacia la consecución de los objetivos de la cooperación».
Además, este plan ha incluido criterios más férreos en el control y la entrega de subvenciones que en la etapa de Rafael Blasco como conseller se habían relajado o directamente eliminado. Fuentes de Bienestar Social explicaron que dichos criterios se pueden sintetizar en dos puntos fundamentales: «La máxima objetividad para determinar el destino de las ayudas y la máxima transparencia en los criterios para la adjudicación de ayudas a ONGD».
Y es que muchas cosas han cambiado en los últimos años. Si en 2008 el número de países en los que se realizaron actuaciones financiadas por la Generalitat mediante subvenciones fueron 28, en 2013 fueron seis. Así, los trabajos se realizan en Nicaragua, Ecuador, Marruecos, Burkina Fasso, Senegal y Guatemala, todos ejecutados por organizaciones de reconocida solvencia como Farmacéuticos Mundi, Jarit, Musol, Fontilles o Intered.
La parte negativa son los recortes tras la desconfianza generada por el caso y la crisis económica. Mientras en 2008 la Generalitat se acercó al objetivo del 0,7 % del PIB en inversión a la cooperación al desarrollo con un 0,43, en 2014 el porcentaje es uno de los más bajos de la historia, el 0,0196 %, según los presupuestos de la Generalitat.
Por otra parte y según las diferentes resoluciones de ayudas a la cooperación internacional de la Generalitat, del año 2008 al año 2013 (en 2014 no se ha resuelto todavía) se han presentado a todas las convocatorias de subvenciones 1.946 proyectos de los cuales han sido aprobados 883 y denegados 1.219. De los desechados hay 725 excluidos por «falta de fondos».
Un nuevo tiempo en la cooperación valenciana ha empezado y deberá revertir en los que más lo necesitan, los países en vías de desarrollo.
