El uso de la lengua propia continúa siendo una asignatura pendiente en la relación entre los ciudadanos y la administración pública. Ya ha pasado el 30 aniversario de la llei d’ús del valencià, aprobada a finales de 1983, pero el flujo de quejas continúa en marcha. Sólo en lo que va de año 2014, la Sindicatura de Greuges ha dado toques de atención a varias conselleria y empresas públicas, como la Ciutat de las Ciències o Radiotelevisió Valenciana (RTVV), por lo que algunos valencianos entienden como una discriminación en sus derechos lingüísticos.
Los ciudadanos continúan quejándose ante el defensor del pueblo de rotulaciones viarias únicamente en castellano; sitios web oficiales que no respetan la cooficialidad del valenciano o comunicaciones imposibles en lengua propia con los servidores públicos.
El último informe anual de la sindicatura disponible, ciertamente, certifica un notable descenso de este tipo de quejas. «Esta institución no puede considerar en la C. Valenciana la existencia de un conflicto habida cuenta de que las administraciones vienen aceptando las resoluciones, sugerencias o recordatorios», valora.
Sin embargo, advierte de que debido a la crisis económica y las dificultades que atraviesan las Haciendas, las administraciones «tienden a posponer la adaptación de sus estructuras al régimen de cooficialidad lingüística vigente».
De las 153 quejas que hubo el pasado año vinculadas al uso del valenciano, 126 se correspondían a ayuntamientos y 27 a la Generalitat y entidades dependientes.
Despedido de RTVV en castellano
Desde numerosos ámbitos, este año se ha advertido del retroceso para el uso y conocimiento social del valenciano por acontecimientos como el cierre de la radio y TV públicas, o la desaparición de aulas de línea en valenciano. Una de las últimas recomendaciones de la sindicatura, precisamente, surge tras la queja de uno de los despedidos de RTVV, después de que durante todo el proceso del ERE las comunicaciones de la empresa por correo electrónico fueran en castellano —el afectado había reclamado que se dirigieran a él en valenciano—.
También el Sindic se dirige a la Diputación de Alicante para sugerir que revise los contenidos de su web, adapte las áreas sólo disponibles en castellano y «tenga el máximo cuidado en la calidad de la traducción», y no se limite a pasar los textos por un traductor automático. Lo mismo advirtió a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, respecto al contendio de la web de la Dirección General de Patrimonio.
De hecho, la falta de respeto a la cooficialidad en internet parece haberse convertido en uno de los principales motivos de quejas, como se desprende de una recomendación del síndic a Presidencia. La última sugerencia de la sindicatura se dirige a la empresa Cacsa, para que toda la información, así como las comunicaciones a los suscriptores a través del Departamento de Marketing (newsletter) se gestionen también en valenciano. En todos sus textos, la sindicatura apela a la Constitución, l’Estatut y la llei d’us.
Tres años para pagar una ayuda de 66 euros
Han pasado ya tres años desde que la Conselleria de Educación concediera a un ciudadano una ayuda para «la realización de actividades de promoción del valenciano por importe de 65,80€», concretamente, para una rotulación. Todavía no ha sido abonada, lo que motivó una queja y su correspondiente recomendación de la Sindicatura de Comptes. Es uno de los casos que ha abordado durante 2014 la sindicatura, dirigida en funciones por Emilia Caballero. También ha remitido una recomendación el defensor recientemente a la Conselleria de Infraestructuras para que se asegure de que las rotulaciones y señalizaciones viarias en aparcamientos protejan el uso del valencianos con carácter preferente.
