Los préstamos del Estado a la C. Valenciana a través del fondo de rescate (FLA) han evitado el colapso financiero y, con la última remesa de fondos, servirán para intentar poner a cero la «mochila» de deuda pendiente con los proveedores. Pero, como créditos que son, no constituyen ningún regalo. Dicho de otro modo, para la Generalitat, la alternativa al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) sería, simplemente, no pagar sus deudas, ante la insuficiencia en la financiación. Sin embargo, tampoco es para que el número dos del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, se presente en Valencia como un remedo de Mister Marshall. Buena prueba de ello es el cálculo de lo que le costarán a la Generalitat en intereses los 20.224 millones a que se elevan los préstamos del Estado a la C. Valenciana, una cifra que supone que cerca de 60 % del endeudamiento del Consell ya está en manos de Madrid.
En una respuesta reciente, el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, detalló al portavoz de Hacienda del PSPV en las Corts, Julián López, el cuadro de amortización de la primera entrega del FLA 2014, los 941,3 millones desembolsados hasta febrero. Son las mejores condiciones firmadas con Madrid desde 2012. Si éstas se aplicaran a toda la deuda con el Estado, la Generalitat tendría que abonarle hasta 2024 la friolera de 4.315 millones en intereses.
La astronómica cifra es una estimación a la baja realizada por el PSPV con el mismo criterio que el oficial y basada en el mejor de los supuestos: Que el Consell lograra que le financiaran al tipo del último FLA todos los créditos con Madrid en los diez años comprendidos entre julio de 2015 y el mismo mes de 2024 (los créditos suscritos hasta ahora llevan sus propias condiciones, más onerosas) y que pudiera afrontar todos los vencimientos, sin necesitar de refinanciaciones que generarán más costes financieros, como parece previsible. Pero el dato da una idea de la carga que comporta la ayuda financiera del Estado.
Nada que ver con la reclamación de la deuda histórica, que los expertos han cifrado en 13.500 millones (equivalente a lo que se ha dejado de ingresar desde 2002 al no tener los mismos recursos que la media per cápita de las autonomías) ni los 1.000 millones que reclama el presidente Alberto Fabra para que el nuevo sistema le cubra al menos los servicios básicos.
El cuadro de amortización que resultaría, sobre la base del último tipo de interés aplicado (el 3,08 %), incluiría, como las actuales operaciones, dos años de carencia, de forma que en 2015 y 2016 solo se pagarían intereses, 889,20 y 622,91 millones, respectivamente. El primer ejercicio se abonaría más porque la cuota se paga en julio pero los fondos se entregan desde enero. El tercer año (2017) se pagarían de nuevo los 622,91 millones (al no haber amortizado nada aún) y la primera cuota del principal, otros 2.528,03 millones.
La cuarta parte del presupuesto
La suma conllevaría un desembolso ese ejercicio de 3.150 millones, lo que equivale a la cuarta parte del presupuesto anual de la Generalitat. A partir de ahí, al ir amortizando préstamo, va bajando el importe de los intereses, si bien los abonos resultarían igualmente inasumibles: 3.073 millones en 2018; 2.995, en 2019; 2.917, en 2020; 2.839, en 2021; 2.761, en 2022; 2.683, en 2023; y 2.605, en 2024. Ese último año, el coste de los intereses sería lógicamente el más bajo, 77,86 millones. Lo que se mantendría igual sería la amortización anual de 2.528 millones.
Las dudas sobre la viabilidad de que el Consell pueda satisfacer estas cantidades comportan que, en caso de tener que refinanciar las cuotas, al no descender el principal, tampoco lo harán los intereses. En caso de refinanciación, el Consell, con una deuda al nivel del «bono basura», abonaría mucho más en los mercados. No en balde, el Gobierno destacó recientemente que con las condiciones del FLA 2014, al que se acogió el Consell con 4.217 millones (a los que habría que sumar los últimos 936 adicionales), la Generalitat se ahorrará 755 millones en intereses hasta 2024.
Los préstamos del Estado desde 2012 se reparten entre 7.518,23 millones a través del Plan de Pago a Proveedores; 12.099,27 por el FLA; y 2.716,90 de la línea ICO-Vencimientos. En total, 22.334 millones pero como 2.110 son refinanciaciones, el total son los 20.224 millones adeudados a Madrid.
