El conflicto destapado esta semana por Levante-EMV entre el Ayuntamiento de Alfafar, la multinacional Ikea y la Generalitat por la posible autorización de ésta a la apertura dominical en contra del criterio del consistorio ha levantado una auténtica polvareda por su trasfondo. Una posible injerencia autonómica en caso de darse en una cuestión de ámbito municipal dejaría en entredicho la autoridad de los alcaldes con centros comerciales en su término y a cuya figura se aclamaban, hasta ahora, todos los sectores implicados en una potencial libertad horaria, fundamentalmente los trabajadores y los pequeños comerciantes afectados, cuya cifra se cuenta por miles en esta Comunidad.
La historia de la negociación sobre la apertura dominical en Alfafar es, al fin y al cabo, la historia que podría darse en muchas otras localidades deseosas, en estos momentos de crisis, de conseguir trabajo para sus vecinos. Ése fue, de hecho, el objetivo que movió los primeros contactos entre el consistorio y los grandes operadores de su zona comercial que, desde enero de 2013, veían cómo disminuía su volumen de negocio por la competencia que les supone la apertura dominical en la ciudad de Valencia.
Así, las «promesas de empleo» y la inminente apertura de Ikea llevaron pronto al alcalde, Juan Ramón Adsuara, a tratar de lograr que el Consell declarase a Alfafar como zona de gran afluencia turística para permitir la libertad horaria. Sin embargo, la localidad «no cumplía los requisitos que exige la ley» y el mandatario, «espoleado por la firma sueca», alegó entonces (marzo de 2014) ser «un área especializada en el mueble» para obtener la declaración en atención a los «miles de clientes» que recibiría, según explican fuentes municipales.
Pero Adsuara enseguida desechó la idea, no por descabellada, sino por el conflicto que le habría generado con el resto de grandes operadores de su zona comercial ya que, en caso de haber optado por este argumento, «sólo habrían podido abrir las empresas del mueble». Y eso era algo que no le interesaba, entre otras cosas porque de las 67 firmas especializadas que hay en el parque, «al menos 40 (negocios familiares y franquicias) no iban a contratar a nadie y, si no se lograba crear empleo, ¿para qué luchar por la libertad de horarios?».
Por eso, el mandatario volvió a mover ficha y apostó entonces por subrayar las pérdidas de las empresas que no podían abrir en domingo y su potencial creación de empleo en caso de hacerlo. Tan convencido estaba de que esa era la solución que incluso elaboró un documento en el que los operadores comerciales se comprometían a contratar a vecinos de Alfafar si él solicitaba la apertura. Sin embargo, «ningunó llegó a firmar» y el alcalde retiró la petición para disgusto de Ikea, que decidió dar la batalla y recurrir ante el Consell la decisión municipal.
