Si encontrar bajo tierra un ánfora romana o el muro de una necrópolis íbera es difícil y reconfortante, lo que la arqueología valenciana ha conseguido este verano constituye un hallazgo casi tan extraordinario: dinero de la Generalitat para campañas de excavación arqueológica.
Después de tres años con el grifo cerrado tras haber suprimido en 2012 las ayudas a las universidades para que excavaran en verano, la Conselleria de Cultura volverá a conceder subvenciones este verano y, de ese modo, concederá un breve respiro a los yacimientos para la investigación científico y para ser pasto de turismo y la riqueza asociada a él en el futuro. Con el apoyo mantenido de las diputaciones provinciales y la colaboración de las universidades y ayuntamientos, este verano se llevarán a cabo en torno al medio centenar de excavaciones arqueológicas en toda la Comunitat Valenciana.
En total, la Conselleria Cultura invertirá 105.930 euros para siete excavaciones arqueológicas pilotadas por la Universitat de València, la Jaume I de Castelló y la Universidad de Alicante. La villa romana l'Horta Vella de Bétera; el yacimiento protohistórico de Vinarragell de Borriana, uno de los primeros yacimientos valencianos en ser declarados bien de interés cultural y que permanecía abandonado desde unas tímidas excavaciones en los años setenta; la Vila Romana de Sant Gregori en la misma Borriana; el Cabezo Redondo de Villena que se retrotrae a la Edad del Bronce; el gran poblado del Bronce Final que constituye la Peña Negra de Crevillent; o la intervención en el barco Bou Ferrer de la Vila Joiosa, la mayor nave romana en excavación de todo el Mediterráneo que se hundió hace dos mil años con sus 27-30 metros de eslora y un interior preñado con entre 160 y 215 toneladas de ánforas llenas de salsas para y un cargamento secundario de lingotes de plomo de las minas de sierra Morena.
«Años muy crudos». Esta es la línea más novedosa entre las subvenciones, puesto que Cultura interrumpió en 2012 las ayudas nominativas a las universidades que entre 2004 y 2008 ascendía a 44.000 euros, y que fue cayendo progresivamente con la crisis: 31.500 euros en 2009; 12.320 euros en 2010; 10.500 euros en 2011; y 6.000 euros en 2012 que no llegaron a abonarse. «Han sido años muy crudos para la investigación arqueológica. Esperamos que ahora vuelva a florecer y nos acerquemos a los años dulces del pasado», expresa Josep Benedito, profesor de Arqueología e Historia Antigua de la Universitat Jaume I de Castelló.
Las diputaciones mantienen su tímida pero constante inversión con la arqueología. La Diputación de Valencia, a través del Servicio de Investigación Prehistórica creado en 1927, destina este año 47.000 euros a cuatro proyectos: este lunes empieza la primera excavación en los yacimientos de la Edad del Bronce de l'Altet del Palau y l'Arbocer, en la Font de la Figuera. Los otros tres son grandes clásicos de la arqueología valenciana: la Bastida de les Alcusses, joya íbera y casa del Guerrer de Moixent; la paleolítica Cova del Bolomor de Tavernes de la Valldigna, conocida como «el Atapuerca valenciano» por haberse hallado restos de los primeros pobladores en tierras valencianas; y el poblado íbero-romano de la Carència de Torí Este verano no excavarán en la Lloma de Betxí (Paterna) porque su proyecto ha finalizado.
La Diputación de Castelló hace lo propio: resistir con su humilde presupuesto para arqueología. Este año ha aumentado ligeramente: de 25.400 a 31.120 euros para siete proyectos. Arturo Oliver, jefe del Servicio de Arqueología de la Diputación de Castelló, destaca la imprescindible colaboración de los ayuntamientos en estas intervenciones. Ejemplos: la pequeña Zucaina presta la casa rural donde se alojan los voluntarios que excavarán la necrópolis de la Edad del Hierro e Ibéricas en Los Cabañiles y Peñas de Villanueva. Serra d'en Garceran paga el alojamiento y manutención de voluntarios y técnicos que van a estudiar el poblado del Bronce del Tossal de la Vila. O en Vinaròs, donde el consistorio se hace cargo de la comida y el descanso nocturno del personal que excave en julio en la residencia fortificada del Ibérico antiguo del Puig de la Misericòrdia. «La crisis de la construcción se ha notado mucho: ya no hay obra nueva y no se excava en nuevos sitios», constata Arturo Oliver. Pero lo que verdaderamente echa en falta es «que no se aprovechen mejor y se promocionen más estos recursos arqueológicos después de la excavación».
Que se musealicen y atraigan visitantes. Ya no es sólo por turismo; también es por cultura y conocimiento de la historia.
Sin planificación a largo plazo. Las universidades son esta vez las grandes beneficiadas al serles desbloqueados los fondos autonómicos. Alberto Lorrio, jefe del Departamento de Arqueología de la Universidad de Alicante, afirma que «aunque la situación dista de ser boyante, nada más se han de comparar con el año pasado para comprobar que hemos duplicado el número de proyectos, cuyo principal problema sigue siendo el de la financiación».
Ellos, literalmente, se buscan la vida para lograr dinero, desde empresas privadas al Ministerio de Cultura.
Frente a los vaivenes de la Administración valenciana en materia de arqueología, Jaime Molina, arqueólogo de la Universidad de Alicante, pone de relieve el Pla de recerca de l'arqueologia i la paleontologia catalanes y su programación cuatrienal. «Así, con la financiación asegurada, puedes elaborar una planificación», aduce. A su juicio, lo más perjudicado de estos años de sequía han sido los yacimientos importantes, que sin financiación decidida es imposible de llevar adelante.
Y pone como ejemplo la ciudad fenicia portuaria de La Fonteta de Guardamar del Segura, única ciudad fenicia en la Comunitat Valenciana de este calibre y que permanece «prácticamente abandonada en cuanto a excavación o restauración», afirma el profesor Molina. «No hay una estrategia global de traducir la intervención arqueológica en explotación turística» y eso, lamenta, resulta paradójico en una tierra con turismo de sol y playa que puede diversificar o complementar su producto con «una pequeña inversión» que, en cambio, es «inasumible» para los ayuntamientos pequeños.
