La Cámara de Contratistas calcula que el déficit de inversión productiva del Estado en la Comunitat Valenciana, entre 2000 y 2014, alcanza ya los 6.540 millones de euros. «Una situación tan repetidamente denunciada y explicitada por la Cámara de Contratistas que sólo se rebajará en años futuros si la licitación de obra pública se incrementara en los próximos años en la Comunitat Valenciana muy por encima de la media española y de nuestro peso poblacional, porque de lo contrario este déficit siempre irá "in crescendo"». Unas cifras que los representantes de la obra pública facilitaron al secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá Polo, en su última visita a Valencia, para que «tomara nota» de cara a los presupuestos de 2015 que «se pelean» ahora, durante los meses de junio y julio.
Si se echa la vista atrás, el panorama no puede ser más desalentador ya que, según las estadísticas que elabora la Cámara de Contratistas, «la licitación pública ha caído en todas las administraciones un -88,71% entre 2013 y 2007, lo que representa más de -10 puntos porcentuales que la media nacional, al pasar de 4.978 millones de inversión en 2007 por parte de todas las administraciones (estatal, autonómica y local) a sólo 589,011 en 2013».
Aunque, como ya adelantó Levante-EMV en enero, el Gobierno central recuperaba ligeramente el ritmo inversor al incluir las obras del tercer carril del corredor mediterráneo lo que le permite doblar la inversión de 2012 al pasar de 166,98 a 340,75 millones de euros, en las cuentas de 2013. La Generalitat «sigue siendo el farolillo rojo y sigue cayendo, a pesar del contrato cuatrienal de mantenimiento de carreteras por un montante de 56,3 millones de euros» menores, incluso, a los 59,6 millones licitados por la Diputación de Valencia, que realiza un esfuerzo para dar trabajo al sector. Estas cifras, según los contratistas, «certifican por sí solas el fin de un sector de la construcción civil de obra pública en la Comunitat Valenciana sin que ello suponga ningún rubor para nuestros políticos, a pesar de sus consecuencias de destrucción de empleo y tejido empresarial».
