La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias penales de investigación sobre el gasto supuestamente irregular de cerca de 1.800 millones de euros por parte de la Conselleria de Sanidad, que había sido denunciado por el sindicato CGT en base a informes de la Sindicatura de Comptes desde 2008.
La investigación se centra, según la denuncia presentada por este sindicato, en el abono de las conocidas como "facturas en los cajones" mediante el mecanismo extraordinario de pagos habilitado por el Gobierno pero sin consignación presupuestaria y "vulnerando las normas de contratación", ya que, al parecer, el objeto de los contratos no se sometió a licitación pública.
Asimismo, también se denuncian compras por el mismo objeto y al mismo proveedor, tanto en Sanidad como en otros departamentos, en las que se habría superado supuestamente en importe de los contratos menores.
Por último, se investiga la ampliación del contrato de gestión del departamento de salud Horta-Manises para la asignación al concesionario de la asistencia integral de la población de Mislata, según las mismas fuentes.
El gasto supuestamente irregular en el que habría incurrido la Conselleria de Sanidad asciende a 1.748,7 millones de euros, si bien la totalidad de facturas denunciadas suma 1.864,3 millones de euros.
El sindicato CGT ha trasladado a la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas "la negligente forma de gestionar que ha provocado un grave quebranto a la Hacienda Pública, materializado al efectuar el pago de estas facturas escondidas durante años, a través del mecanismo extraordinario de pagos establecido por el Estado".
"Tal y como han gestionado las Consellerias, y de forma especial la Conselleria de Sanidad, estas facturas corresponden a prestaciones que se han adjudicado a dedo por los gestores, lo que ha hurtado el procedimiento de concurrencia pública, pensado sobre todo para obtener un mejor precio en la contratación", según el sindicato denunciante.
CGT entiende igualmente que pueden haberse cometido los delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos, puesto que "se ha estado actuando a sabiendas de las graves ilegalidades, pues así se estaba advirtiendo por la Sindicatura año tras año".
Por lo que respecta a la ampliación de contrato de gestión del departamento de salud Horta-Manises -con objeto de asignar Mislata-, en una operación que incrementó el contrato para 2012 en 18 millones de euros, se denuncia que el Consell Jurídic Consultiu informó en contra de dicho contrato.
También que la atención efectiva de la población de Mislata se realiza en el hospital de Manises desde mayo de 2010, motivo por el cual se acumularon "facturas en los cajones" por 17,7 y 26,9 millones (por la atención de 2010 y 2011), "confirmando así que el servicio de asistencia se ha prestado de forma efectiva en dichos años antes de aprobarse y formalizarse la modificación contractual, que tuvo lugar en 2012".
