El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por el exconseller Rafael Blasco contra la fianza de 200.000 euros que le fue impuesta para eludir la entrada en prisión tras ser condenado por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad.
Según ha informado el TSJCV y confirmó a EFE recientemente el propio Blasco, este tiene intención de recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.
También se ha rechazado el recurso del exsubsecretario de la Conselleria de Cooperación, Alejandro Catalá, condenado a cuatro años por la misma causa, contra la obligatoriedad de comparecer semanalmente en el juzgado.
Consideran los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal que tras la sentencia de ocho años de cárcel para Blasco, "las sospechas que inicialmente pudieran existir sobre su persona se hacen aún más patentes" y si bien reconocen que no ha eludido ninguna citación, consideran que "el riesgo de fuga ha aumentado, máxime a la vista de la gravedad de la pena" y el hecho de que tiene dos juicios pendientes.
Sobre el importe de la fianza, consideran que "lejos de presentarse como una cantidad desproporcionada, es plenamente razonable" y "asumible por el recurrente" como "ha demostrado la rapidez" con la que la ha depositado "en metálico" y "sin necesidad de plantear una vía alternativa", en concreto a través de su mujer y exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar.
Por otra parte la sala ha concedido diez días a las partes personadas en la pieza número 3 de este caso (Cooperación) para que se pronuncien sobre la falta de competencia de la sala, dado que Blasco renunció al acta de diputado autonómico y, en consecuencia, al aforamiento.
El pasado 30 de mayo, esta misma sala suspendió las declaraciones testificales de la pieza 3 del caso Cooperación por el mismo motivo.
La pieza tercera se refiere a las acciones que impulsó la Generalitat para la reconstrucción de Haití, como una oficina técnica y tres proyectos para construir un hospital, reformar un dispensario y acciones complementarias en el municipio de Belle Anse, y tiene doce imputados, entre ellos el exconseller.
Blasco fue condenado el pasado 28 de mayo a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad, por el desvío de fondos de la Generalitat valenciana concedidos en 2008 para cooperación al desarrollo en Nicaragua (primera de las tres piezas de la causa).
Al exconseller se le retiene el pasaporte, se le impide salir de España y se le obliga a comparecer semanalmente.
