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Caso Emarsa

La tutora de Emarsa pretende saltarse la ley para confirmar a su gerente sin concurso

El secretario de la Emshi alega que cambia el estatus del directivo porque es un empleado colocado a dedo pero no convoca la plaza

La tutora de Emarsa pretende saltarse la ley para confirmar a su gerente sin concurso

La tutora de Emarsa pretende saltarse la ley para confirmar a su gerente sin concurso

La Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), propietaria de Emarsa hasta su liquidación por el saqueo de fondos públicos, pretende crear una plaza de funcionario a medida para su actual gerente, que fue nombrado a dedo en 2009 por el otrora presidente de la Emshi e imputado en el caso Emarsa Enrique Crespo a propuesta del Ayuntamiento de Valencia. El cambio de estatus se realiza a petición del actual presidente de la Emshi, Arturo Ros, y con un informe favorable del secretario, pese a que la ley impide nombrar funcionarios interinos en todo el año 2014 excepto en «causas excepcionales o para cubrir necesidades urgentes e inaplazables».

La misma norma que debería impedir la modificación del puesto de gerente en plaza de funcionario es utilizada por la Emshi para justificar que no convocará concurso público y que el actual inquilino, Joaquín Juste, será el que obtenga la plaza sin superar ningún proceso. Juste mantendrá su sueldo de 88.332,86 euros brutos al año, más que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

Tal como explicó al juez de Emarsa cuando fue a declarar como testigo, Juste entró en la Emshi en febrero de 2009. Según declaró, el secretario de la Emshi, Juan Antonio Martínez, le dijo que había un puesto vacante en la entidad metropolitana y tras entrevistarse con Enrique Crespo, a quien el juez sitúa al frente de la trama Emarsa, éste le nombró a dedo gerente de la entidad. Fuentes conocedoras del proceso aseguraron que Juste fue impuesto por el Ayuntamiento de Valencia, que tiene el 45 % de la asamblea de la Emshi.

La Emshi defiende que la transformación de la plaza de gerencia reservada a personal eventual en una para personal funcionario se realiza para adaptar la plantilla a la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. El secretario de la entidad, Juan Antonio Martínez, quien ya alertó de la vacante a Juste en 2009, propone que sea el actual gerente quien ocupe el puesto de interino «porque es una fórmula que se ha empleado en nuestra función pública para mantener transitoriamente al personal en sus puestos, cuando se modifica la naturaleza jurídica del mismo». Según el secretario, es la actuación que ofrece «mayores garantías de seguridad jurídica».

Por su parte, el interventor de la Emshi avala la operación pero no se moja en que Juste sea el que ocupe la plaza y se conforma con la versión del secretario. Eso sí, recuerda que «el artículo 21.2 de la Ley General de Presupuestos del Estado para 2014 establece que durante este ejercicio no puede nombrarse funcionarios interinos, aunque establece una excepción en el supuestos de causas excepcionales o para cubrir necesidades urgentes e inaplazables». Esta urgencia no estaría justificada puesto que Juste es eventual desde el año 2009 y el puesto de gerente se podría haber sacado a concurso hace años, como han venido reclamando los sindicatos.

La misma ley que impediría que se creara la plaza de funcionario para el actual gerente la utiliza el secretario de la Emshi para defender que no se realice convocatoria pública. Así, defiende el habilitado nacional citando la Ley de Presupuestos Generales de 2014 que «durante el ejercicio 2014 no se podrá proceder a la convocatoria mediante oferta de empleo público».

Desde la Intersindical Valenciana consideraron irregular la manera en que se va a dar la plaza de funcionario interino a Juste. «Podrían colocar como gerente a cualquier persona funcionaria de carrera del grupo A1 de cualquier administración que cumpla los requisitos, que por cierto, no son ninguno», aseguró el portavoz del sindicato, Adel Francés, quien sugirió que si la Emshi no encuentra a ninguno se ofrecen a proveerlos de personal cualificado y perteneciente a la función pública.

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