El 30 de noviembre Escal está obligada a devolver el dinero de los bonos a menos que Industria autorice la reapertura del almacén o que la concesionaria renuncie a la concesión, lo cual puede forzar al Ministerio de Industria a pagar una indemnización de 1.700 millones de euros o a acelerar una reapertura pese al riesgo de terremotos. La propuesta de renuncia también puede forzar a los inversores a conceder una prórroga a Escal en el plazo de pagos.
El 30 de junio vence el plazo para satisfacer uno de los pagos a los inversores que financiaron el proyecto con bonos por valor de 1.400 millones de euros. La auditoría de la empresa indica que no hay ingresos para afrontar el pago y la agencia calificadora Fitch Ratings ha devaluado los activos de Castor como «bono basura». Además, ha advertido a los propietarios de los bonos que Escal podría no tener capacidad para devolverles la inversión.
La paralización del almacén Castor por el riesgo de terremotos ha evitado la autorización de puesta en marcha y sin ella no se activará el acuerdo de pagos pactado entre Escal y el Gobierno con cargo a las tasas del gas (4.936 millones de euros a plazos hasta 2038). Según el plan, Castor debería haber recibido 98 millones en 2012, 214 en 2013 y 218 en 2014.
Escal ha aportado informes propios para asegurar que una reapertura sería segura, pero el estudio del Instituto Geológico y Minero pone en duda la seguridad y alerta de la posibilidad de desatar nuevos terremotos, por lo que requiere nuevos estudios que podrían demorarse meses o años. El Ministerio de Industria reitera que no autorizará la reapertura sin disponer de los informes que pide el IGME y de otros estudios solicitados a Stanford University y al Massachusetts Institute of Technology (MIT).
La renuncia todavía debe ser autorizada por el Banco Europeo de Inversiones, que impulsó el projecto y le aportó 500 millones de euros en el marco del primer proyecto piloto del «Europe 2020 Project Bond. También debe ser autorizada por el Gobierno y por los titulares de los bonos.
El acuerdo que aprobó el Ministerio de Industria por Real Decreto le obliga a indemnizar a Escal con el valor neto de la planta (1.700 millones de euros) en caso de cierre o suspensión de la concesión. Si se demostrara dolo o negligencia de la empresa, el acuerdo también le obliga a pagar el valor residual, que siendo una obra sin estrenar podria igualmente acercarse a los 1.700 millones. Industria recurrió para anular la cláusula y el Tribunal Supremo le dio la razón a Escal, que alega que puede devolver la infraestructura y recuperar los 1.700 millones en cualquier momento.
La apertura del almacén implicaría el pago de los 4.900 millones con cargo a la subida de la tasa del gas. En caso de cierre e indemnización a Escal, el dinero también procedería de los tributos del gas que pagan los ciudadanos. No obstante, el Gobierno debería encontrar la fórmula de disponer del dinero a corto plazo.
De forma adicional a los 1.700 millones que ha costado la infraestructura, el desmantelamiento supondría otros 297 millones de euros.
La Fiscalía prevé emitir en julio una resolución que esclarecerá si pide responsabilidades penales a Escal UGS o altos cargos del Gobierno que autorizaron la plataforma pese a las alegaciones por riesgos sísmicos.
