La empresa Escal UGS anunció ayer su renuncia a la concesión del proyecto Castor ante la presión de los mercados y en respuesta a una nueva negativa del Ministerio de Industria a reabrir el almacén de gas por el riesgo de terremotos. Con esta decisión, la compañía pretende forzar al Gobierno a devolver los 1.700 millones de euros que costó la planta y evitar al tiempo la obligación de retornar el 30 de noviembre los 1.400 millones de euros que aportaron los inversores internacionales a través de la compra de bonos.
La maniobra fue comunicada en la noche del martes a los titulares de los bonos cuando solo faltaba una semana para el vencimiento del primer pago de 2014 a los inversores (30 de junio).
Eso sí, la renuncia no depende únicamente de la concesionaria y no podrá hacerse efectiva sin el consentimiento unánime de tres de las partes implicadas: el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que aportó 500 millones de euros para respaldar el proyecto, el Gobierno de España y los titulares de los bonos.
El anuncio de la renuncia se hizo público justo un día después de que saliera a la luz una auditoría que revela que Escal no dispondrá de ingresos para responder a los pagos; a menos que el Gobierno autorice de forma urgente la reapertura del almacén y su entrada en el sistema de remuneración gasista.
Además, la empresa dirigida a través de ACS por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha tomado la decisión en un contexto de creciente presión de los mercados y 5 días después de que la agencia Fitch Ratings también advirtiera del riesgo de que la empresa no pueda asumir sus compromisos financieros y rebajara la calificación de sus activos a «bono basura». De hecho, Fitch Ratings ya adelantó que la posibilidad más plausible era la renuncia a la concesión como vía de escape para eludir la devolución de los bonos.
La segunda alternativa de Escal pasaba por lograr un acuerdo con los titulares de los bonos para que le concedieran una prórroga en el plazo límite de devolución de los activos, una opción que pueden exigir los inversores en el supuesto de que el almacén no esté plenamente operativo e integrado en el sistema gasista el 30 de noviembre.
Sin embargo, esta petición de renuncia (ya remitida al Banco Europeo y a los inversores) no es en absoluto definitiva y no se descarta que pueda ejercer presión al Gobierno para que acelere una reapertura del almacén o su entrada en el sistema gasista. De igual modo, la renuncia y el incierto proceso de cobro de los activos podría forzar a los propietarios de los bonos a optar por un aplazamiento de los cobros a la espera de una posible reapertura que les permitiera recuperar cuanto menos el capital invertido.
