Las líneas rojas contra la corrupción marcadas por el presidente Alberto Fabra condicionan a su ideólogo, pero no a la dirección nacional del PP en cuyas manos está la aprobación de candidaturas claves, como los cabeza de cartel a las capitales de provincia. Génova trasladó a los barones provinciales en la reunión mantenida la semana pasada en Madrid para analizar la situación del PPCV tras la debacle del 25M que las decisiones de Fabra en este sentido son sólo suyas y no coinciden con la estrategia del partido a nivel nacional.
En esta reunión, en la que participaron la coordinadora general, Isabel Bonig, y los responsables provinciales de Valencia, Alicante y Castelló, Alfonso Rus, José Císcar y Javier Moliner, se abordó el problema de las líneas rojas. Se planteó abiertamente los problemas que las directrices de Fabra de que no haya imputados en las listas electorales puede ocasionar al partido, tanto por las personas que se encuentran ahora en esta situación, como por imputaciones futuras una vez elaboradas las listas.
Durante la reunión, dirigida por el vicesecretario general de organización y Acción Electoral, Carlos Floriano, la posición de la dirección nacional fue muy clara. Las líneas rojas son una decisión personal del jefe del Consell en la que Génova no entrará, pero no es la posición de la organización. Las líneas rojas del PP, vino a decir Floriano, son los estatutos del partido. Y estos no prohíben que los imputados vayan en listas. Los estatutos sólo establecen la apertura de expedientes informativos o disciplinarios a los cargos implicados en casos de corrupción y contestan la expulsión en caso de condena.
Aunque según las fuentes consultadas, Floriano se mostró respetuoso con las directrices de Fabra, el mensaje enviado a los barones provinciales no fue precisamente de cierre de filas. No hubo desautorización, pero tampoco se instó a los barones a plegarse a las líneas rojas. De hecho, según la posición expuesta, Génova no se siente atada con las líneas rojas cuando llegue el momento de convalidar las candidaturas. En el caso de las capitales de provincia, especialmente en Alicante y Castelló, cuyos alcaldes están en la actualidad imputados, la controversia está servida. A Génova la corresponde proclamar a los alcaldables de Valencia, Alicante y Castelló, pero la propuesta del cabeza de lista debe surgir de los comités provinciales. Esto es, serán los barones los primeros en decidir si sacan de la carrera a Sonia Castedo, en el ojo del huracán por Brugal, y a Alfonso Bataller, atrapado en el caso Gürtel. Lo lógico es que los barones acaten las normas del presidente regional, pero no es lo mismo tomar una decisión de estas características teniendo el aliento de Génova detrás que sabiendo que esta batalla no está instalada en la dirección nacional.
