El juez José Castro ha dejado fuera del caso Nóos al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, al encontrar acreditado que los contratos bajo sospecha con el instituto de Iñaki Urdangarin le llegaron hechos de Cacsa (Ciudad de las Artes y las Ciencias) y que no desplegó «ninguna actividad maliciosa». Castro también ha archivado la imputación del publicista Miguel Zorío y ha procesado al ex secretario autonómico de Turismo Luis Lobón y a los ex altos cargos de Cacsa José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado. El juez ha cerrado la instrucción del caso Nóos apreciando indicios de delito en la contratación de Nóos para tres ediciones del congreso deportivo Valencia Summit y la preparación de los fallidos Juegos Europeos. El magistrado considera acreditado que la trama cobró 2.988.818 euros de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia por trabajos sin justificar. La Fiscalía y las acusaciones tienen veinte días para presentar sus peticiones de condena para los cuatro procesados valencianos y el juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

El auto, que supone el cierre de la instrucción, explica que «sin que se iniciara absolutamente ningún procedimiento administrativo de contratación» debido a que al frente del Instituto Nóos estaba el yerno del Rey, el 8 de noviembre de 2004 se firmó la contratación del primer congreso del Valencia Summit entre Diego Torres (socio de Urdangarin), el procesado José Manuel Aguilar (director general de Cacsa) y el director gerente de Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (Ftvcb), José Salinas. El magistrado destaca que el coste del evento era de 1.351.638 euros y lamenta que el precio fue fijado unilateralmente por Nóos sin que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat pusieran reparos.

El auto añade que el exsecretario autonómico Luis Lobón recibió a Diego Torres «por venir previamente recomendado por una instancia superior» y encargó al entonces director general de Cacsa, José Manuel Aguilar, que le diera forma a la contratación del congreso Valencia Summit. El juez advierte de que la organización del congreso comenzó a prepararse mucho antes de que se suscribiera el convenio.

El magistrado añade que la procesada Elisa Maldonado (exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias) confesó ante la policía que el imputado Jorge Vela (ex director general de Cacsa) «le ordenó "vestir el santo", es decir, redactar un informe técnico en el año 2005 con fecha de 2004 para intentar cubrir las apariencias». José Castro apunta que en 2004 Nóos recibió por el primer convenio 522.000 euros de la Fundación Turismo Valencia y 522.000 de Cacsa.

Según recoge el auto, el 3 de octubre se cerró la contratación del segundo congreso Valencia Summit sin que Nóos «hubiera rendido la menor cuenta de las partidas» del primero y «sin que quienes gestionaban los fondos públicos hubieran llevado un estudio documentado sobre los costes repercusión de la primera edición». Cacsa y la Fundación Turismo Valencia volvieron a pagar 1.044.00 euros. Jorge Vela aseguró al juez que el secretario autonómico Luis Lobón le dio la orden de repetir. «Con tan precarios antecedentes se decide llevar a cabo una tercera edición del Valencia Summit» en 2006 por el que Nóos recibió otra vez 1.044.000 euros.

Nóos también cobró 382.203 euros por la preparación de los fallidos Juegos Europeos. El juez apunta que Camps encargó al entonces vicepresidente Víctor Campos que se trasladara a Barcelona para que indagara en cualquier tipo de colaboración con Nóos y de ahí salió el proyecto de los Juegos Europeos. Castro censura la gestión de Camps. El juez cuestiona los cauces por los que «pueden discurrir los favoritismos y compadreos», según ofrece la «lamentable realidad».

El magistrado cierra el auto incidiendo en que no hay indicios contra Alfonso Grau ya que ni tan siquiera costa que haya mantenido contactos con Urdangarin o con Torres. El juez añade que los contratos ya le llegaron a Grau «digeridos» desde Cacsa. Castro no aprecia que el vicealcalde de Valencia «haya desplegado actividad maliciosa tendente a torcer la recta aplicación de la ley».