La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha rechazado pedir al Gobierno que el desmantelamiento de la planta de almacenamiento de gas Castor no lo pague el Estado y sí la empresa titular, después de conocer este miércoles la renuncia de ACS a la explotación de la misma.
Así, se ha tumbado con los votos del PP y de UPyD una proposición no de ley, pactada entre ERC e ICV, en la que se reclamaba el desmantelamiento sin cargo al erario público del mencionado proyecto situado en aguas del Mediterráneo.
La propuesta partía de la portavoz de la Izquierda Plural y diputada de ICV, Laia Ortiz, quien ha aprovechado una proposición no de ley de ERC sobre la paralización de las prospecciones petrolíferas para pedir este objetivo, aprovechando el anuncio de este miércoles de Escal UGS de renuncia a la concesión de explotación del almacén de gas.
A su juicio, el Gobierno debería proceder a su desmantelamiento, asegurando que los costes generados y derivados del mismo no se sufraguen con dinero público, sino que se asuman por parte de la empresa, que es la que ha generado la actividad y los impactos de la misma.
Escal es una sociedad participada en un 67% por el grupo ACS y en un 33% por la firma CLP, que se adjudicó en 2008 la construcción y explotación del almacén Castor.
En la actualidad, el proyecto esta paralizado con el fin de determinar si es origen de los sismos que se han registrado en la zona próxima de las costas de Castelló y Tarragona donde se ha construido.
