Casi ocho años después de que 43 valencianos perdieran la vida en el accidente de metro más grave de la historia en Europa, el 3 de julio de 2006, el Gobierno valenciano comenzó ayer a dar un giro a su discurso y aceptó, por primera vez, que si los familiares han «percibido» que en la cobertura que Canal 9 dio a la tragedia hubo manipulación informativa («errores», dijo), no tiene «problemas en pedir disculpas», porque «comprende su indignación». Lo dijo en las Corts el vicepresidente del Consell, José Císcar, quien compareció para responder sobre las denuncias de extrabajadores de RTVV de que se ocultó y manipuló información sobre el siniestro. «Seguro que pudo haber errores, pero confundirlo con una manipulación, no lo tengo claro», dijo.

El socialista Josep Moreno, Enric Morera (Compromís) e Ignacio Blanco (EU) recordaron que las denuncias de experiodistas señalan que desde el Consell y, concretamente, el actual presidente de las Corts, Juan Cotino, «ordenó silenciar informaciones». «Hay que ser muy cínico para decir que la manipulación es una percepción de las víctimas», subrayó Blanco tras criticar que se intentó que el suceso «no empañara» la visita del Papa cinco días después, mientras Morera le inquirió: «¿Ve normal en un régimen democrático que la presidenta de las víctimas [Beatriz Garrote] no entrara en Canal 9 hasta noviembre de 2013, siete años después, por una ventana y cuando el PP había perdido el control de Canal 9?».

Císcar defendió que durante los tres días siguientes TVV dedicó más 26 horas al siniestro e insistió en que, de haber habido «errores», no hubo «intencionalidad». Y cargó contra los experiodistas: «No es de recibo», dijo, que «siete años después» algunos extrabajadores, que tenían «responsabilidades en los informativos», hicieran estas denuncias, «enmedio del ERE» de RTVV. Por ello, cuestionó su «fiabilidad». Estos periodistas, «han vulnerado todos los principios éticos; tienen unas reglas deontológicas que figuran en la web de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y fijan que es, no solo un derecho, sino una obligación, oponerse a cualquier manipulación». Y criticó que no lo han denunciado por escrito ni ante la Justicia.

Moreno acusó a Císcar de «haber ordenado» que 16 asesores de RTVV, con una cláusula que ligaba la vigencia del puesto mientras el entonces director general de RTVV José López Jaraba continuara en su cargo, se mantuvieran tras el cese de éste último, reconvirtiéndose en personal indefinido. Esa decisión costará, dijo, un millón, «395.000 euros en indemnizaciones y 783.000 por los salarios entre diciembre de 2012 y mayo de 2014». Desveló el informe de la Inspección de Trabajo sobre el ERE, que denuncia el «fraude de ley» y advierte de las «responsabilidades» en que hayan podido incurrir los que 'olvidaron' cesarlos, «por negligencia o intencionadamente».