La fiscal ha solicitado a la juez de Requena que archive la causa contra los exdirectores del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio, por el préstamo que el banco del Consell concedió al Hotel del Valle Jalance SL y que tuvo que asumir tras los impagos de la empresa a la que le fue concedido. El ministerio público pide 18 años de cárcel para el exalcalde Jalance Ángel Abel Navarro Navarro por presunta prevaricación y otros delitos relacionados con la tramitación para la construcción y gestión del hotel ubicado en la localidad del Valle de Ayora.

El juzgado de Instrucción número 2 de Requena ha procesado a Uncio, Pérez Boada, Navarro y otras siete personas. Las acusaciones particulares piedieron penas para todos. Ahora la fiscalía pide sacar del proceso a los dos exdirectores generales del IVF y al que fuera director del área de Inversiones Crediticias del banco de la Generalitat Enrique Benede al entender que no tuvieron ninguna participación en los hechos.

El fiscal sí reclama 19 años y ocho meses de cárcel para Joaquin Boil, expresidente del Consejo de Administración de la mercantil Hotel del Valle Jalance SL; 18 años más para el empresario Pedro López, exconsejero delegado de la mercantil; 15 años y ocho meses para Joaquín Miguel Boil, administrador de la entidad; y entre 7 meses y un año y tres meses de cárcel para tres personas que pagaron sus banquetes de boda en el hotel en negro y no lo declararon al juzgado.

Los hechos investigados están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y del BBVA, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, alegaron que se habían producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil. Así, los gestores dejaron de pagar a los proveedores, a Hacienda y a la Seguridad Social entre 2001 y 2003.

La última palabra la tiene ahora la juez antes de abrir juicio oral.