«No había otra empresa, no estaban los aviones y había que dar una solución». Con estas palabras justificó ayer la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá, la decisión de su conselleria, bajo el mandato del actual delegado del Gobierno, Serafín Castellano, de asumir, sin penalización alguna, que la adjudicataria de los medios aéreos para la extinción de incendios (un contrato de 11,17 millones para las campañas de 2008 y 2009) aportara finalmente unos aviones diferentes, más antiguos, a los que había ofrecido en la licitación, tal como desveló en su día Levante-EMV. Quinzá se escudó en que los técnicos avalaron el trueque ante la «falta de disponibilidad de los aviones» comprometidos por Avialsa en la licitación, y sostuvo que la oferta alternativa de la firma era «muy superior» a la inicial y, pese a ello, no tuvo «coste adicional alguno para la Administración».
Quinzá se pronunció así durante la comparecencia para responder sobre los «supuestos incumplimientos contractuales» de Avialsa, en la que la oposición habló de «trato de favor» y recordó «las cacerías que compartió Castellano con el dueño de la adjudicataria». La número dos de Gobernación detalló que a la licitación, en octubre de 2007, solo se presentó Avialsa. Se adjudicó el 28 de diciembre de ese año. «Una vez adjudicado y en prestación del servicio dijo se nos comunica por la empresa la no disponibilidad» de los aviones ofertados, cuatro Air Tractor AT502, ya que el fabricante les traslada «por carta» la imposibilidad de suministrárselos, algo que tienen «acreditado». Ante ello, la firma planteó una modificación contractual: sustituir los cuatro AT502 por un AT502 y cuatro Dromader (más antiguos), oferta «que se rechazó». Entonces presentó una segunda propuesta, cuatro Dromader y dos AT802, «estos últimos con prestaciones muy superiores a los AT502».
La misma situación se dio en 2009, «comunicada» por la firma el 7 de abril. La empresa, destacó, «amplió» la oferta del año anterior, con un AT502, dos AT802 y cuatro Dromader, «estos últimos solo en disponibilidad para emergencias graves». «No comportaba coste para la Administración pese a que era en perjuicio de la mercantil ya que, de haberse valorado, sería más cara», sostuvo. Así, se propuso otra modificación del contrato el 7 de junio de 2009, aprobaba el 30.
Una penalización de 1.800 euros
Quinzá se amparó en los técnicos: «Reconozco mi ignorancia en cuestiones de aviones y mi confianza en los técnicos; son ellos los que lo valoraron». «La capacidad de carga era muy superior», enfatizó. Pese a estas ventajas, «dadas las circunstancias», el contrato no se prorrogó los otros dos años posibles y se sacó una nueva licitación. También se la llevó Avialsa, 22,6 millones de 2010 a 2013. El nuevo contrato, en prórroga, se está cumpliendo «satisfactoriamente». No obstante, existe una «cuestión puntual» por el incumplimiento referido a incidencias en el sistema de seguimiento de aviones. Por ello, la empresa fue penalizada con 1.800 euros.
Lluís Torró, de EU, denunció que les han vetado el acceso al expediente. Y habló de «sombras de duda»: «Nosotros no nos hemos ido de cacería con el señor [Vicente] Huerta [dueño de Avialsa], pagando además el señor Huerta». «Eso lo tendrá que acreditar, a mí no me consta», le replicó Quinzá. Juan Ponce (Compromís) preguntó: «¿Y usted qué entiende por emergencias graves?». Y es que la disponibilidad de una parte de los nuevos aviones venía limitada al Consell.
La socialista Ana Barceló denunció el «trato de favor» de Castellano a la contratista y esgrimió un documento de Avialsa, de diciembre de 2007, donde explica el cambio de los antiguos Dromader por T502 porque los primeros consumen mucho más carburante. «Por eso no les rebajaron el precio», dijo.
