La línea roja de Fabra contra la corrupción se cobrará en breve un nueva víctima política. El Consejo de administración de Vaersa, que preside la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, se reunirá «de forma inminente» para tomar «las oportunas decisiones», después de que el director y el exdirector de esa empresa pública hayan sido imputados por malversación. De esta manera, la portavoz del Consell, Maria José Català, dio a entender que próximamente el actual director de Vaersa, Enrique Simó, será relevado. Se cumple así con las instrucciones de Fabra con los altos cargos imputados. Bonig había salido el pasado jueves en defensa de Simó, un técnico en la que ella misma confió la gestión de Vaersa cuando llegó a la conselleria. Sin embargo, la número dos del PPCV tendrá que aplicar la doctrina de Fabra.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell, Català, reiteró que las postura de Fabra sobre los imputados es firme. La consellera explicó que hay una diferencia muy clara entre una imputación administrativa y una imputación en la que existe la sospecha de un uso irregular de fondos públicos, y en este segundo caso el Consell «no puede permitir» que el imputado siga al frente de su responsabilidad, porque el dinero de los valencianos «es sagrado».

Sostuvo que desde el PPCV se entiende que la presunción de inocencia y que la imputación no es un procesamiento, sino una garantía procesal, pero es necesaria la «ejemplaridad» en la gestión de los recursos públicos, donde no se puede permitir «cualquier sospecha». Sin embargo, no aclaró si, como reclama la oposición, se darán explicaciones en las Corts o si se abrirá una investigación interna. «No tratamos de minimizar absolutamente lo que se ha producido en Vaersa», aseguró. Y defendió que van a colaborar con la justicia y a hacer «las revisiones oportunas de los procedimientos que se hayan podido interpretar como no correctos, si es que han existido».

Por su parte, el PSPV-PSOE y el grupo Compromís en les Corts pidieron ayer la dimisión de Cotino del cargo por su supuesta implicación en las irregularidades de la empresa pública Vaersa. Por su parte, el diputado de Compromís Juan Ponce exige una comisión de investigación que analice en profundidad el funcionamiento de la empresa pública Vaersa durante las últimas tres legislaturas. Lamentó que los gobiernos del PP han gestionado Vaersa una empresa privada para tratar de ocultar más fácilmente todas las fechorías».