Una denuncia iniciada por 300 propietarios agrícolas de Badajoz ha desembocado en una sentencia del Tribunal Supremo que amenaza con privar a los ayuntamientos españoles de unos ingresos cercanos a los 4.500 millones de euros. La cifra equivale al cálculo de lo que cada año los municipios se embolsan como consecuencia de aplicar el cobro del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) urbano en terrenos rústicos que fueron reclasificados como tales durante los años de bonanza económica pero que no han llegado a urbanizarse como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. En la C. Valenciana, el Catastro identifica en este escenario unas 237.000 parcelas que ocupan más de 45.000 hectáreas de superficie urbana no edificada y que tributarían de forma fraudulenta varios cientos de millones de euros a las arcas municipales.
El fallo sobre el caso extremeño fija una doctrina de interpretación que tiene carácter vinculante para toda España. Los magistrados del Alto Tribunal avalan las demandas de miles de propietarios de suelo valencianos que durante años han estado clamando contra el pago de liquidaciones de IBI que en ocasiones superan hasta en 100 veces el valor real de parcelas en estado rústico por el simple hecho de estar vinculadas a planes urbanísticos no desarrollados. La sentencia entiende que gravar con el impuesto urbano terrenos que no dejan de ser agrícolas y que en la actualidad no tienen ningún uso podría suponer «una vulneración del principio de capacidad económica». La decisión no se aplicará automáticamente a todos los casos, sino sólo a aquellos que se encuentren recurridos en los tribunales, que ahora deberán aplicarla. Aunque aún no está claro si la resolución tendrá efectos retroactivos, los abogados especialistas están recomendando a los afectados que denuncien para ser indemnizados por el cobro irregular.
El TS se pronuncia en torno a un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia que emitió el Tribunal Superior de Extremadura en 2013 avalando los mismos argumentos. La abogacía advirtió de las graves consecuencias de la decisión judicial para las arcas públicas, puesto que se calcula que afectará a más de 900.000 parcelas en toda España. El fallo tiene su origen en Badajoz. Muchos propietarios vieron cómo el impuesto que pagaban en concepto de IBI se multiplicaba hasta por cien después de que el ayuntamiento recalificara en 2007 varios terrenos rústicos como urbanos. Aunque todavía no existen cifras oficiales sobre el alcance real de esta sentencia que concluye que un valor fiscal de un terreno no puede ser superior al valor real de mercado, las aproximaciones apuntan a que los consistorios dejarán de ingresar 4.500 millones de euros al año.
Se estima que, en territorio valenciano, permanecen en el congelador unos 150 programas de actuación integrada. La Generalitat promulgó un decreto para evitar que caducaran a los cinco años sin haberse ejecutado. Los propietarios afectados no pueden vender sus tierras, ni construir, ni invertir porque su suelo está sujeto a un desarrollo urbanístico congelado. En Xàtiva, la Associació de Propietaris del PAI Cànyoles, que reúne a 50 afectados por uno de estos programas de desarrollo enterrado con la crisis, ha planteado numerosos recursos administrativos y judiciales sin éxito hasta ahora. Solo en la ciudad hay unas 200 parcelas sujetas a instrumentos de ordenación que no se han desarrollado, cuyos dueños pagan recibos superiores al valor real. A pesar de que el ayuntamiento ha rebajado el IBI a los afectados muchos de ellos agricultores que dejaron sus tierras perder, la plataforma vecinal reclama la desclasificación de los terrenos para que vuelvan a su condición original de rústicos. Algunos propietarios de la ciudad denuncian pagos que alcanzan los 2.000 euros por solo 10 hanegadas de naranjos, el equivalente a lo que tributan varios pisos. Otros muchos en territorio valenciano directamente han sido embargados y han perdido sus tierras al no poder pagar.
2 millones menos en Castelló
Los municipios de la C. Valenciana acumulan 51.999 hectáreas de suelo en las que podrían construirse 1,8 millones de casas. De esa superficie, 43.500 ha permanecerían en estado rústico y otras 8.500 han quedado a medio ejecutar con la crisis. Los datos del Catastro sitúan el valor medio de las parcelas afectadas en 90.000 euros. Solo en Castelló existen 5.617 parcelas reclasificadas como urbanas que se encuentran sin edificar. El ayuntamiento podrían dejar de tributar dos millones de euros al año y las indemnizaciones podrían alcanzar los 6 millones si se aplica el fallo del TS desde que se aprobó el nuevo catastro, en 2012, informa J. Mestre.
