La transparencia que pregona el Consell de Alberto Fabra no ha llegado aún al sector público empresarial y funcionarial, la pata de la Administración de la Generalitat más opaca y en la que se han concentrado los Expedientes de Regulación de Empresa (ERE) en los últimos dos años. El tijeretazo en las empresas y fundaciones públicas de la Generalitat, sobre todo en el capítulo de personal, es uno de los mayores de España, según se defiende desde el departamento de Hacienda, si bien, abordado ya el grueso de los despidos, el Consell sigue sin airear la relación de puestos de trabajo de estas entidades. Y ello a pesar de que la ley le obliga a hacerlo antes de mañana, día 30 de junio, después de cuatro aplazamientos consecutivos.
La información requerida es básica para conocer los entresijos de unas plantillas que fueron engordando a lo largo de los años sin procesos selectivos objetivos. De hecho, la mayoría de los empleados (solo hubo oposición en la extinta RTVV) fueron contratados «a dedo» y sin respetar los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que rige la contratación de personal en la Administración de la Generalitat. Las irregularidades han sido puestas de relieve por la Sindicatura de Comptes en sus informes anuales. La publicación de la relación de puestos de trabajo de las empresas, organismos y fundaciones públicas permitirá saber, por ejemplo, qué tipo de profesionales y en que puestos se han contratado, así como cuántos puestos directivos o asesores todavía encuentran cobijo en este sector. Fuentes conocedoras de este ámbito avisan de que se trata de información sensible que se ha mantenido oculta hasta ahora y cuya divulgación puede deparar sorpresas y provocar más de un sonrojo. Hace ya varios meses, el Consell publicó, tras varios años sin hacerlo, las plantillas de todas las conselleries, una información que, por ejemplo, permitió conocer que la plantilla oficial de Presidencia contaba con 21 eventuales frente a los 15 de la etapa Camps o que en el Palau trabajan 150 personas de las que un tercio son elegidas por libre designación. La información sobre la plantilla de la Generalitat nunca se ha publicado con la periodicidad que marca la ley (una vez al año), pero los datos son conocidos. No ocurre lo mismo con las empresas públicas donde los sindicatos siempre se han basado más en estimaciones que en datos reales. Hoy por hoy y tras los Eres no se sabe a ciencia cierta cuántos trabajadores siguen en el sector público, aunque la cifra podría estar en torno a los dos mil.
En realidad la opacidad respecto al capítulo 1 en el sector público empresarial y funcionarial debería haber acabado hace cuatro años. Sin embargo, el Consell por diferentes motivos ha ido agotando los plazos y ampliándolos. La primera referencia a la publicación de las plantillas hay que buscarla en el Decreto-Ley del Consell de Medidas Urgentes de Régimen Económico-financiero del Sector Público. Esta norma con la que se iniciativa el proceso de adelgazamiento de las empresas públicas incluía en su artículo 18 que los entes del sector público debían publicar en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) sus plantillas. La disposición transitoria quinta daba un plazo de un año para la difusión. El decreto entró en vigor el día 4 de octubre de 2011. Sin embargo, una semana después de que vencer el plazo, el Consell publicó otro decreto sobre racionalización del sector público en el que aplazaba la publicación de las plantillas un año más. En concreto, se fijó la fecha del 31 de diciembre de 2013 como la fecha tope para cumplir con este requisito. Este decreto se convalidó en las Corts seis meses después mediante una ley que venía a reproducir el contenido de la norma, aunque incorporó disposiciones adicionales de calado. En estas se recuerdo la obligación de los entes de redimensionar su plantilla y cómo debe hacerse la regularización del personal. Según se establece, «con la única finalidad de regularizar aquellas situaciones derivadas del proceso de reestructuración del sector público, se desarrollarán pruebas selectivas mediante un sistema de concurso-oposición libre».
Aplazamiento en diciembre
Añade que estas pruebas deberán ser convocadas en el plazo improrrogable de un año desde que la legislación permita la realización de ofertas de empleo público. Es decir, cuando el Gobierno central levante el veto a través de la ley de presupuestos generales del Estado. En dichas ofertas deben incluirse «todos aquellos puestos» que a la fecha de la convocatoria figuren en las plantillas. La ley recordaba que antes del 31 de diciembre de 2013 debía hacerse pública la relación de puestos. Sin embargo, tres días antes se volvió a ampliar el plazo. Se hizo, además, de tapadillo mediante una modificación en la ley de tasas introducida mediante la ley de acompañamiento. La cláusula especifica que la publicación de las plantillas tendrá lugar antes del 30 de junio de 2014, es decir, antes de mañana.
Con todo, y a pesar de los sucesivos aplazamientos, todo apunta a que la publicación de las plantillas no está próxima en el tiempo. Fuentes de la Conselleria de Hacienda alegan que los procesos de ERE, algunos de ellos recurridos ante los tribunales, han complicado el proceso y que algunas empresas públicas están todavía reestructurásemos, lo que no hace posible que esté lista la relación de puestos de trabajo.
