Los peor financiados de España. Lo proclama el Consell, el PPCV, la oposición en bloque e incluso los expertos de Cristóbal Montoro. Esa afirmación es, hoy por hoy, prácticamente la única que comparten los principales partidos políticos. No se equivocan. El actual modelo de financiación autonómica, aprobado en el año 2009 durante el Gobierno de Zapatero, sitúa a la Generalitat a la cola del país en la recepción de fondos estatales. A lo largo de 2014, el Consell de Alberto Fabra recibirá un total de 8.276,18 millones de euros de Madrid para cubrir servicios básicos. El problema estriba en que esa cuantía no da, ni tan siquiera, para afrontar los gastos previstos en Sanidad y Educación, las dos principales consellerias en presupuesto. A lo largo de este ejercicio, la Generalitat destinará un total de 9.265,413 millones a ambas. El agujero, por tanto, alcanza los 989 millones de euros.
Ninguna otra comunidad arrastra un déficit de ingresos de tal calibre en comparación con sus gastos en Sanidad y Educación. Sólo hay tres autonomías, de hecho, que reciben menos dinero estatal del que destinan a esas dos áreas. Junto a la C. Valenciana se encuentran Canarias, con un saldo negativo de 304 millones, y Murcia, con 218,8 millones. El resto de regiones presentan una balanza positiva. Cataluña (+2.338 millones), Andalucía (+1.035 millones) y Castilla y León (+591,6 millones) son las más beneficiadas.
El varapalo de Hacienda
En términos porcentuales, Valencia sólo puede cubrir el 89,3 % de su presupuesto en Educación y Sanidad con el dinero que le llegará este año del Estado. La situación, encima, no tiene visos de mejorar a corto y medio plazo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cerró la puerta este pasado jueves a revisar por ahora el actual modelo de financiación autonómica con el fin de evitar «más agravios y enfrentamientos entre autonomías y entre las comunidades y el Gobierno de España», según afirmó tras presidir un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Y su número dos, Antonio Beteta, dejó el viernes abortada la posibilidad de que se arbitre un mecanismo adicional para las comunidades que están discriminadas con el actual reparto de fondos. Ambas han sido las principales reivindicaciones de la Generalitat durante los últimos meses. Y ni una ni otra opción parece que vayan a cristalizar. Al menos por ahora.
La C. Valenciana no sólo es la autonomía más discriminada de España en la comparativa entre los ingresos estatales y los gastos en Sanidad y Educación. Si a esas áreas se añaden además otras políticas de protección y promoción social, el agujero se agranda todavía más ver la segunda tabla anexa. Alcanza, en concreto, los 1.711,7 millones sólo este año. El modelo de financiación, en este caso, apenas cubre el 82,9 % de los gastos. Ninguna otra comunidad presenta un porcentaje tan bajo. Murcia y Canarias se sitúan justo por detrás, mientras que Madrid, con la que Fabra trató de hacer un frente para mejorar el sistema, es la cuarta región peor parada.
Ahora bien, ¿qué ocurre si se comparan los recursos que trasavasa el Gobierno a las comunidades con el número de habitantes censados en cada región? Pues más de lo mismo. Cada ciudadano residente en la Comunidad recibe 278 euros menos que la media española. Esa brecha se amplía hasta los 902,9 euros si se equipara a un valenciano con un cántabro. La tercera tabla muestra a las claras que, en esta comparativa, la Comunidad también tiene serios motivos para alzar la voz en Madrid.
La Generalitat, según dice, ya lo ha hecho. Juan Carlos Moragues intervino en tres ocasiones durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves y reclamó dinero adicional para la C. Valenciana. Pero Montoro le ignoró. No sólo no se comprometió a que el nuevo modelo de financiación tenga carácter retroactivo a 1 de enero de 2014, como pretendía la Generalitat, sino que encima cerró la puerta a revisar el sistema en 2015.
Pese a ese «no» alto y claro del Ministerio, el conseller votó «sí» a la propuesta de déficit que llevó el Gobierno a ese cónclave: un 1 % del PIB para este año; un 0,7 % para 2015; un 0,2 para 2016; y un 0 % para 2017. Moragues no quiso salirse del guión previsto y acató las peticiones de Montoro, tal como hicieron el resto de consejeros del PP.
Ese voto a favor obligará a la Generalitat a aplicar un ajuste de 1.200 millones en dos años si quiere cumplir con las exigencias gubernamentales y no rebasar el desfase presupuestario máximo fijado. El Ejecutivo de Fabra no lo hará. Por lo menos, eso han reiterado esta semana los distintos consellers.
